El Senado acelera la tramitación de la Ley de Vivienda para dejarla aprobada definitivamente antes del 18 de mayo

El Senado tiene la intención de tramitar la Ley de Vivienda por el procedimiento de urgencia, lo que acortaría los plazos de tal forma que podría quedar aprobada de manera definitiva en la sesión plenaria del 17 de mayo, en plena campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Según la previsión de calendario de tramitación que maneja el Senado, al que ha tenido acceso Europa Press, la Ley de Vivienda que fue aprobada este jueves en el Congreso entrará en la Cámara Alta este mismo viernes.

Y a partir de ahí, los grupos del Senado tendrán hasta el jueves 4 de mayo como plazo improrrogable para presentar las enmiendas que estimen oportunas y sus propuestas de veto a esta Ley de Vivienda.

Posteriormente, está previsto que se reúna la ponencia y la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana –aún sin fecha concreta– para emitir el dictamen de esta Ley de Vivienda, dando vía libre a que se pueda debatir y votar durante el Pleno que está convocado para la semana del 9 de mayo.

En cualquier caso, este calendario aún tiene que ser aprobado por la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, marcando como fecha límite de tramitación el 18 de mayo. En este órgano, PSOE y PP tienen dos miembros respectivamente y la llave la tiene el senador del Partido Aragonés.

TRAS EL PACTO CON ERC Y BILDU

Esta Ley de Vivienda se desencalló tras el acuerdo que alcanzó el Gobierno con ERC y Bildu y, entre otras cosas, consolida el tope del alquiler en toda España, y también redefine los conceptos de gran tenedor.

En el Congreso, el texto contó con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Más País, Compromís, el PRC y Teruel Existe, mientras que el BNG se ha abstenido, aunque también ha vertido críticas por la invasión de competencias.

En contra se situaron el PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, pero también el PNV, Junts, PDeCAT, la CUP y Coalición Canaria, que en su caso alegan invasión de competencias del Estado hacia las comunidades autónomas.