El partido Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y un crimen de agresión en el contexto del ataque contra Irán.
La organización ha dirigido una comunicación formal al tribunal con sede en La Haya en la que solicita que se examine la posible responsabilidad penal individual de ambos dirigentes por la ofensiva militar iniciada el pasado 28 de febrero. La denuncia insta a la Fiscalía a determinar si existen bases para abrir un examen preliminar conforme al Estatuto de Roma, que es el tratado que regula el funcionamiento del Tribunal Penal Internacional.
En el documento presentado, Iustitia Europa sostiene que durante la ofensiva militar contra territorio iraní se habrían producido hechos que podrían constituir delitos de extrema gravedad según el derecho internacional. La organización pide investigar si Trump y Netanyahu pudieron incurrir en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y un crimen de agresión en relación con los ataques militares.
Entre los episodios citados en la denuncia destaca el bombardeo de una escuela femenina situada en la localidad iraní de Minab, en la provincia de Hormozgán, que habría provocado cerca de 180 víctimas mortales, muchas de ellas menores. El escrito también menciona la muerte de un sacerdote maronita en un ataque atribuido al Ejército israelí contra la localidad de Qlaya, en el sur de Líbano.
Según el texto presentado ante la Fiscalía, estos hechos podrían constituir un ataque generalizado o sistemático contra población civil. La organización apunta a posibles actos de asesinato, exterminio o persecución por motivos religiosos o nacionales, además de otros actos inhumanos recogidos en el derecho penal internacional.
La denuncia también solicita analizar si la campaña militar contra Irán podría constituir un crimen de agresión, al haberse producido presuntamente sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una de las condiciones exigidas por la Carta de la ONU para el uso legítimo de la fuerza.
Iustitia Europa recuerda que el Tribunal Penal Internacional puede examinar comunicaciones presentadas por personas u organizaciones en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma. Corresponde ahora a la Fiscalía determinar si existe base razonable para iniciar un examen preliminar de los hechos denunciados.
El presidente de la organización, el abogado Luis María Pardo, ha señalado que el objetivo de la iniciativa es que la Fiscalía analice de forma independiente los hechos y determine si procede iniciar una investigación formal. Según ha explicado, la denuncia pretende activar los mecanismos del derecho internacional ante lo que consideran una grave vulneración de las normas que regulan los conflictos armados.
No obstante, la iniciativa también se enfrenta a obstáculos jurídicos relevantes. Estados Unidos e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma, lo que complica el alcance de la jurisdicción del tribunal. Aun así, la organización considera que la Corte debe estudiar los hechos denunciados para determinar si existen elementos suficientes que permitan avanzar en la investigación.
