El Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa por terrorismo, entre otros cargos, contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y contra Rubén Wagensberg, en relación con el caso Tsunami Democràtic. Esta decisión, promovida por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, marca un nuevo capítulo en la ya larga historia del proceso independentista catalán y sus repercusiones judiciales.
La Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, ha señalado la necesidad de que los imputados sean llamados a declarar, destacando que “es necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos”. Este paso resalta la intención del Tribunal de profundizar en la investigación sobre las acciones llevadas a cabo durante las masivas concentraciones de 2019, organizadas por Tsunami Democràtic en protesta por la sentencia del procés.
El caso llegó al Tribunal Supremo tras la decisión de García Castellón de impulsar la investigación en paralelo a las negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez y el avance de la ley de amnistía. El foco de la investigación ha sido una posible acusación por terrorismo vinculada a la muerte de un turista durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat, un suceso que ha intensificado el debate sobre la naturaleza y las consecuencias de las protestas.
A pesar de la posición inicialmente contraria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a imputar a Puigdemont por estos hechos, el debate se trasladó a la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo. Finalmente, la teniente fiscal del Supremo, máxima responsable del Ministerio Público, optó por rechazar las acusaciones de terrorismo contra el expresidente catalán, en una decisión que subraya las divisiones internas y los complejos equilibrios de la justicia española.
La fiscal María Ángeles Sánchez Conde criticó el enfoque del juez García Castellón, describiéndolo como basado en “meras conjeturas o sospechas” y señalando la ausencia de indicios concretos contra Puigdemont. Aunque no descartó la presencia de otros delitos en los incidentes analizados, instó a que la investigación continuase en la Audiencia Nacional, excluyendo al líder de Junts de las acusaciones.
Este nuevo capítulo en la saga judicial del procés no solo resalta la persistente polarización y el desafío que el independentismo catalán supone para el Estado español, sino que también pone de manifiesto la atención y la cautela internacionales sobre el manejo de estas cuestiones. La negativa de Suiza a colaborar con la petición española de localizar a Marta Rovira, otra acusada en el caso, subraya las dudas y las críticas sobre la naturaleza política de la investigación, añadiendo una dimensión internacional al ya complejo entramado judicial y político.
Con el Tribunal Supremo ahora en el centro de este torbellino, las próximas etapas del caso Tsunami Democràtic prometen ser cruciales, no solo para los implicados, sino para el futuro de la relación entre Cataluña y el resto de España. La decisión de abrir esta causa por terrorismo contra figuras clave del independentismo catalán no solo reaviva el debate sobre los límites de la protesta y la disidencia, sino que también podría tener profundas implicaciones para la política española y catalana en los años venideros.
