El Supremo inicia el trámite para pedir autorización a la Eurocámara para investigar a ‘Alvise’ por acoso a una fiscal

El Tribunal Supremo ha iniciado el trámite para pedir autorización al Parlamento Europeo para investigar al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez por los mensajes que publicó en su canal de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert, al tiempo que le ha ofrecido al dirigente la posibilidad de comparecer antes de forma voluntaria.

En concreto, el instructor a cargo de esta causa, el magistrado Juan Ramón Berdugo, le ha dado cinco días a ‘Alvise’ para que conteste si está interesado o no en declarar de forma voluntaria ante el alto tribunal.

El magistrado ha adoptado esta decisión en un auto en el que abre diligencias previas para investigar y enjuiciar, en su caso, al eurodiputado como presunto autor de un delito de acoso o de ‘stalking’, delito de provocación a delito de atentado contra la autoridad o funcionario público y/u odio a través de redes sociales.

Además, el instructor ha dado traslado de la causa al propio ‘Alvise’ y a las acusaciones para que en un plazo de cinco días indiquen las diligencias de investigación que entienden pertinentes practicar en el alto tribunal.

La actuación del magistrado tiene lugar dos semanas después de que se diera a conocer la decisión del Supremo de abrir causa por estos hechos al dirigente de Se Acabó la Fiesta (SALF), la tercera abierta en el alto tribunal en su contra.

El pasado abril, el Supremo acordó encausarle por presunta financiación ilegal y por haber presuntamente difundido una PCR falsa del presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. Respecto a esta última, el tribunal ya ha iniciado también los trámites para pedir autorización a la Eurocámara para investigar al eurodiputado.

LOS MENSAJES DE TELEGRAM

En este caso, la Sala de lo Penal del Supremo actuó al considerar que ‘Alvise’ pudo haber actuado con “intención voluntaria y consciente de comprometer” la vida de Gisbert.

En esta ocasión, están bajo la lupa dos mensajes difundidos en Telegram; en uno de ellos, se hace referencia al organigrama de “las personas responsables de la persecución ideológica llamada ‘delitos de odio'”. “Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN”, manifestaba.

En el mensaje se instaba a buscar las identidades de dichos fiscales y añadía la imagen de Gisbert, a quien señalaba como la responsable de “haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra ‘inmigración’ e ‘invasión’ juntas”.

El Supremo abrió la causa tras recibir la exposición razonada que le envió el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valencia, toda vez que el alto tribunal es el competente para investigar a ‘Alvise’ al gozar del aforamiento como eurodiputado. Así, el TS continúa con las diligencias que abrió el juzgado valenciano a raíz de la denuncia que presentó Gisbert por un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y/u odio a través de redes sociales.

POSIBLE ‘STALKING’

En la denuncia, Gisbert daba cuenta de unos mensajes que se habían divulgado en su contra en 2024 en un chat de Telegram y que habían conllevado que personas desconocidas le remitieran múltiples mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales en las que la denunciante está registrada.

“Su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante, y el hecho de que el denunciado insistiera en esa reacción después de que muchos seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal denunciante y su familia, (…) muestra indiciariamente que pudo existir intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima”, apuntó el Supremo al abrir la causa.

Asimismo, el tribunal tuvo en consideración que ‘Alvise’ –además de difundir dos mensajes– permitió “que se difundieran los perfiles que la denunciante tenía en X, Facebook e Instagram”, donde estaba recibiendo “insultos y amenazas”. Según explicó, aunque de lo ahora investigado no se refleja que el eurodiputado “cursara directamente coacciones, amenazas o injurias” contra Gisbert, “ello no excluye una eventual responsabilidad criminal por los hechos que son objeto de investigación.

Sobre este extremo, el Supremo indicó que los funcionarios policiales que iniciaron la investigación no pudieron identificar a quienes realizaron comentarios en el canal de Telegram ‘Alvise Pérez Chat’, pero sí pudieron identificar al administrador del canal: el propio eurodiputado.