El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado este jueves el núcleo de la Ley de Amnistía española, al concluir que la norma no es incompatible con el Derecho comunitario en los aspectos planteados por los tribunales españoles. La Gran Sala descarta que la ley contravenga la normativa europea en materia de terrorismo o que vulnere los intereses financieros de la Unión Europea, en una resolución que supone el primer gran aval de la justicia europea a la norma.
La sentencia responde a las cuestiones prejudiciales elevadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, que habían solicitado al TJUE aclarar si determinados aspectos de la ley podían entrar en conflicto con la legislación europea. En particular, las dudas se centraban en la posible aplicación de la amnistía a causas relacionadas con presuntos delitos de terrorismo y con el uso de fondos públicos durante el proceso independentista catalán.
Sin choque con la normativa europea
El tribunal europeo considera que la legislación comunitaria no impide, con carácter general, la aprobación de una ley de amnistía como la española en los supuestos analizados. Asimismo, rechaza que exista un vínculo suficiente entre los hechos investigados y una afectación de los intereses financieros de la Unión que impida la aplicación de la norma.
En materia antiterrorista, el TJUE tampoco aprecia que la ley vulnere las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, descartando que la normativa europea obligue a excluir automáticamente de la amnistía los procedimientos objeto de las cuestiones planteadas.
Un fallo de gran impacto judicial
La decisión del TJUE no supone la aplicación automática de la amnistía a todos los procedimientos pendientes, ya que corresponderá a los órganos judiciales españoles resolver cada caso concreto. Sin embargo, la interpretación del tribunal europeo es vinculante y servirá de referencia para los tribunales nacionales en la resolución de los recursos y causas todavía abiertas.
La resolución adquiere una especial relevancia para las causas relacionadas con el procés catalán, entre ellas las que afectan a dirigentes independentistas y a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), cuya situación jurídica dependerá ahora de la aplicación que realicen los tribunales españoles a la luz de este pronunciamiento.
Con este fallo, el TJUE despeja las principales dudas sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el Derecho de la Unión Europea y respalda el grueso de una norma que ha protagonizado uno de los mayores debates políticos y jurídicos en España desde su aprobación.

























































































































































































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