EP (3 dic): máxima polarización sobre la sentencia al Fiscal General

El último panel semanal recoge cómo percibe la opinión pública la reciente condena del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado y qué efectos creen los ciudadanos que tendrá sobre el Gobierno. El resultado dibuja un escenario polarizado, con bloques casi simétricos entre quienes consideran la sentencia justa y quienes la ven producto de un proceso politizado, y con lecturas muy distintas según la ideología de los encuestados.​

En el conjunto de la muestra, la opinión aparece partida en dos mitades casi equivalentes entre quienes consideran la condena “totalmente justa” y quienes la ven “totalmente injusta” o fruto de lawfare. A este eje se suma un segmento relevante que la juzga “más bien justa”, mientras que las posiciones intermedias críticas (“más bien injusta”) y el “no sabe / no contesta” quedan claramente por detrás, señal de una fuerte emocionalización del tema.​

Lectura ideológica de la condena

El desglose por autoubicación ideológica confirma una fractura nítida izquierda–derecha. Entre los encuestados de extrema izquierda e izquierda, una amplia mayoría califica la condena como totalmente injusta o politizada, con porcentajes que superan con holgura el 70%, mientras que las valoraciones de justicia plena son marginales. En el centro-derecha y la derecha ocurre exactamente lo contrario: más de seis de cada diez la consideran una decisión necesaria y basada en los hechos, y solo una minoría la enmarca en la lógica del lawfare.​

En el espacio central se observa una posición algo más matizada, donde las opciones “más bien justa” y “más bien injusta” ganan peso, aunque con ligera inclinación hacia la idea de que la resolución es correcta en términos generales. Esto sugiere que la batalla por el relato se juega sobre todo en el centro ideológico, mientras que los extremos ya están completamente alineados con su marco interpretativo.​

Potencial Impacto en el Gobierno

Cuando se pregunta por las consecuencias políticas de la condena sobre el Ejecutivo, la opción más señalada es que “no tendrá un efecto significativo” y que el Gobierno terminará absorbiendo el golpe sin grandes cambios. Casi a la par aparece la idea de que la sentencia lo debilitará “algo”, complicando la gobernabilidad y dañando su credibilidad, mientras que solo una minoría relativamente pequeña anticipa un desgaste grave capaz de provocar la caída del Ejecutivo.​

En contraste, algo menos de una cuarta parte de la muestra cree que el Gobierno saldrá fortalecido, utilizándola para cohesionar a sus aliados y reforzar su narrativa frente a la oposición y al Poder Judicial. El porcentaje de indecisos sobre el impacto es reducido, lo que indica que los ciudadanos ya han interiorizado una lectura política de la sentencia, aunque no necesariamente la proyecten en un cambio inmediato de ciclo.​

El corte ideológico vuelve a ser determinante al estimar las consecuencias para el Gobierno. Entre los votantes de izquierda y extrema izquierda predomina claramente la idea de que la sentencia no tendrá grandes efectos o incluso de que puede servir para reforzar al Ejecutivo, con porcentajes que superan el 40% en las opciones de impacto neutro y cifras muy relevantes en la opción de fortalecimiento. En estos segmentos son residuales las respuestas que apuntan a una caída o cambio de Gobierno.​

En la derecha y la extrema derecha se impone la percepción de que la condena debilitará al Ejecutivo, sobre todo en el plano de la credibilidad y la gobernabilidad, y crece de forma notable la proporción de quienes auguran un desgaste grave. En el centro se observa una posición intermedia, con predominio del “no tendrá un efecto significativo”, lo que subraya que la polarización sobre el impacto es casi tan fuerte como la polarización sobre la justicia de la propia sentencia.​