Escocia: Parlamento aprueba solicitar competencias para un nuevo referéndum de independencia

El Parlamento de Escocia aprobó este martes una resolución para solicitar formalmente al Gobierno británico la transferencia de competencias necesarias para convocar un nuevo referéndum de independencia. La iniciativa, impulsada por el Partido Nacional Escocés (SNP) y respaldada por los Verdes, supone el primer gran movimiento político de la nueva legislatura autonómica tras las elecciones celebradas a comienzos de mayo.  

La votación vuelve a situar el debate soberanista en el centro de la política británica, aunque el contexto actual es muy distinto al de la década pasada. El líder escocés y ministro principal, John Swinney, defendió la resolución asegurando que la independencia permitiría a Escocia “escapar del estancamiento económico y político” del Reino Unido y facilitaría un eventual retorno a la Unión Europea.  

Westminster mantiene el veto

La respuesta desde Londres fue inmediata. El Gobierno británico volvió a rechazar la posibilidad de transferir a Edimburgo las competencias recogidas en la llamada “Sección 30” de la Ley de Escocia de 1998, el mecanismo legal que permitió la consulta de independencia de 2014. Tanto anteriores ejecutivos conservadores como el actual Gobierno laborista de Keir Starmer han mantenido la misma posición: no habrá un nuevo referéndum en el corto plazo.  

La negativa de Westminster se apoya además en la sentencia del Tribunal Supremo británico de 2022, que determinó que el Parlamento escocés no puede convocar unilateralmente un referéndum sin autorización del Gobierno central. Aquella decisión bloqueó la estrategia diseñada en su día por Nicola Sturgeon y obligó al independentismo a replantear su hoja de ruta.  

Un independentismo con menos fuerza social

Aunque el bloque independentista conserva mayoría parlamentaria —SNP y Verdes suman 75 escaños en Holyrood—, las encuestas reflejan que la independencia ya no ocupa las principales preocupaciones de la ciudadanía escocesa. La sanidad, el coste de la vida, la vivienda o la economía aparecen muy por delante en las prioridades de los votantes.  

El SNP llega además debilitado políticamente tras varios años de crisis internas y escándalos financieros. El mismo día de la votación parlamentaria trascendió el ingreso en prisión de Peter Murrell, ex director ejecutivo del partido y exmarido de Nicola Sturgeon, tras admitir la malversación de fondos destinados a la causa independentista.  

Pese a ello, Swinney busca mantener viva la cuestión soberanista como elemento central de cohesión interna del nacionalismo escocés. Durante la campaña electoral prometió que, si el SNP lograba respaldo suficiente, impulsaría un nuevo referéndum antes del final de la legislatura, aunque sugirió que cualquier intento real no llegaría antes de 2028.  

Un conflicto político que seguirá abierto

La situación deja nuevamente al Reino Unido ante un choque institucional de difícil resolución. Mientras Holyrood insiste en reclamar el “derecho a decidir”, Westminster considera que el referéndum de 2014 —ganado por el no con un 55% frente al 45% del sí— cerró la cuestión “para una generación”.  

El resultado es un bloqueo político en el que Escocia mantiene una mayoría parlamentaria favorable a volver a votar, pero carece de las herramientas legales para hacerlo sin permiso de Londres. Un escenario que previsiblemente seguirá marcando la política británica durante los próximos años