Fondo de apoyo a empresas estratégicas… ¿a la carta?

El BOE publicó ayer un Decreto-Ley de “medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo” que contempla, entre otras cosas, la posibilidad de ayudar a empresas en riesgo de caer en la bancarrota.

La palabra “nacionalización” es uno de esos términos que asusta e ilusiona a la vez. Despreciada por algunos y reclamada por otros en situaciones excepcionales, el término sale a la palestra sobre todo en momentos de crisis. La Comisión europea plantea la entrada pública en el capital de empresas como algo excepcional, porque “puede adulterar la competencia” y “favorecer a quienes peor lo han hecho”, ayudándoles a reflotarse y castigando a los que hacen eficientemente su trabajo.

La experiencia pasada ha servido para saber que en ocasiones estos mecanismos pueden llegar a servir para “nacionalizar pérdidas” pero pocas veces para “socializar ganancias”. Nadie quiere que le nacionalicen cuando todo va bien, pero muchos esperan grandes ayudas del Estado cuando van mal.

Con muchas precauciones, por tanto, se ha intentado regular el “Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas”, que está dotado con 10.000 millones de euros y que permitirá mediante la concesión de préstamos participativos, compra de deuda o, directamente, la suscripción de acciones en los casos en que sea necesario ayudar a las empresas en situación de extrema gravedad por causa de la pandemia.

La decisión última, cumpliendo unos requisitos mínimos, sobre en qué empresas entrar y de qué forma hacerlo, la tomará el gobierno. Esto despierta los recelos en algunos sectores. La falta de criterios objetivos a la hora de saber qué es y qué no una empresa estratégica, y el hecho de que sea difícil establecer controles suficientes para garantizar la necesidad de la ayuda y la idoneidad del “rescatado”, podría hacer que se produjeran tratos de favor y agravios entre unos sectores y otros.

Otras medidas menos polémicas que también prevé el citado Decreto-Ley son los préstamos para el sector turístico (hasta 216 millones de euros), y, con mucho mayor importe, una nueva línea de avales del ICO por montante de 40.000.