La Conferencia de Presidentes celebrada ayer en Salamanca se cierra con la sensación de que el modelo podría estar dando sus últimas bocanadas.
Aparte de la ausencia de Pere Aragonès, muy criticada, y de las críticas no menores que otros presidentes autonómicos realizaron a la presencia de Iñigo Urkullu tras una negociación bilateral con el Gobierno de asuntos pendientes, muchos mandatarios autonómicos manifestaron su malestar por el poco tiempo disponible para debatir los asuntos, por la agenda cerrada y por la escasa utilidad del formato.
De los dos asuntos centrales de la Conferencia, la gestión post-covid y el reparto de los fondos que vendrán de Europa, este último se ha llevado el mayor peso y, también, las más profundas discrepancias.
En las horas previas a la apertura de la conferencia, Sánchez anunció que las comunidades gestionarían directamente el 55% del presupuesto total que se vaya recibiendo de Europa, y que en una primera entrega se cifra en 10.500 millones de euros, que se completará hasta los 19.000 millones solo en 2021, mediante un sistema de desbloqueo de tramos cada seis meses que exige la acreditación del cumplimento de las condiciones del anterior.
Ante tan jugosa tarta, el asunto más peliagudo es precisamente qué criterios se utilizarán para llevar a cabo el reparto de los fondos. Algunas comunidades, las más densamente pobladas, tienen interés en que el criterio básico, casi exclusivo, sea el poblacional, mientras que otras ponen el énfasis en dar más peso a las infraestructuras que se deben mantener, o al déficit de las mismas, o bien atender a la dispersión demográfica, el grado de afectación por la pandemia y otros factores.
Un pequeño ajuste en los baremos movería decenas, y en algunos casos centenares de millones de euros de unas comunidades a otras, y en la reunión de ayer quedaron patentes las discrepancias.
Ante este hecho, los próximos días, ya metidos de lleno en el supuesto período vacacional, serán los técnicos quienes tendrán que trabajar a destajo para definir los criterios y obtener el visto bueno del Gobierno. El mecanismo elegido serán órdenes ministeriales de desarrollo, que tendrán que entrar en el detalle y que, si no son aquilatadas con sumo cuidado, podrían despertar las críticas de las comunidades que se sientas perjudicadas.
Todo ello ocurrirá en las dos primeras semanas de agosto, precisamente las tradicionalmente menos activas políticamente de todo el año. En esta ocasión, por lo tanto, la menor actividad coincidirá con la mayor importancia (al menos económica) de las decisiones que se adoptarán.
