El Tribunal de Cuentas está convirtiéndose en las últimas semanas en uno de los focos principales de la atención mediática en España. En funciones desde hace algunas semanas, se ha unido así a muchos otros órganos constitucionales que resulta imposible renovar porque PP y PSOE no llegan a un acuerdo. Este hecho, que jamás había llegado a los extremos actuales en nuestra democracia, amenaza con llevar a una parálisis judicial e institucional nunca vista.
Mientras tanto, el asunto de los avales por la “acción exterior” de la Generalitat entre 2011 y 2017, centra y centrará una parte de la atención en las próximas semanas. La fiscalía estudia ahora la maniobra de “ingeniería política” realizada por el gobierno de Aragonès, a través de una entidad interpuesta, para avalar con dinero público a los políticos a los que este Tribunal reclama 5,4 millones de euros en concepto de daños, precisamente, a esa misma institución pública. La resolución de este asunto, que podría demorarse durante semanas o incluso meses, ensombrece incluso las perspectivas de la “mesa de diálogo” que debería iniciarse en septiembre.
El Tribunal de Cuentas también se ha mostrado muy activo en el último año revisando las campañas electorales de diversos partidos, y sus informes señalan irregularidades variadas que implican una mala gestión de los recursos públicos.
Ahora reclama casi diez millones de euros a la Unión General de Trabajadores. Aunque esta actuación del Tribunal proviene de una investigación iniciada hace más de diez años, solo en julio de 2021 ha llevado a una liquidación provisional, para exigir a UGT una cantidad concreta, derivada de su implicación en el asunto de los EREs de Andalucía.
El origen de la liquidación está en el desvío de fondos, inicialmente previstos para solo para trabajadores implicados en expedientes de regulación de empleo o despidos, en favor de otros que no cumplían las condiciones. En suma, se habrían obtenido fondos de la de Junta de Andalucía de manera indebida, al incluir en los expedientes subvencionados a trabajadores que no tendrían derecho a ello.
Ahora UGT deberá avalar esa cantidad para cubrir sus responsabilidades si finalmente le resulta exigible. El problema, según el recurso que ha presentado el sindicato, es que semejante cifra pondría en juego su propia supervivencia como organización, así que pide al Tribunal que se le permita afianzarla no mediante efectivo sino poniendo como garantía sus propios inmuebles.
El asunto queda pendiente hasta su resolución, pero pone en evidencia, una vez más, el creciente papel que el Tribunal de Cuentas está adquiriendo en la política española.
