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El acuerdo catalán de Govern incorpora las demandas de la CUP

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El acuerdo entre ERC y Junts para formar investir al republicano Pere Aragonès como presidente de la Generalitat y formar un gobierno de coalición recoge la revisión del modelo de orden público y policial en comisión parlamentaria, parar «cualquier tipo de abuso policial» y que haya un control público, independiente y democrático de los cuerpos policiales.

En el documento del acuerdo para la próxima legislatura, también se comprometen a incorporar nuevos elementos de prevención y mediación como principal estrategia para la resolución de conflictos en las actuaciones policiales, que deben incorporar «alternativas a las respuestas clásicas que garanticen la menor lesividad posible».

Otro de los puntos sobre orden público versa sobre hacer una modificación legislativa para garantizar que la Generalitat no participe en acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas, «exceptuando aquellas donde haya lesiones a agentes acreditadas con certificado médico».

Aragonès y Sànchez, artífices del pacto

Asimismo, ambas formaciones han acordado modificar el protocolo de desahucios por orden judicial a través de la coordinación de las Conselleria, los servicios sociales de los ayuntamientos y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Estos cuatro aspectos aparecían recogidos en el pacto al que llegaron ERC y la CUP y que los republicanos se comprometieron a respetar en el acuerdo para formar un Govern con Junts.

SALARIO MÍNIMO CATALÁN Y VIVIENDA PÚBLICA

En el documento se comprometen a garantizar salarios y prestaciones dignas «avanzando hacia un salario mínimo catalán de 1.239,5 euros» y compactar las prestaciones, así como desarrollar un pacto social para el teletrabajo, para normalizarlo teniendo en cuenta la conciliación y criterios medioambientales.

Asimismo, el pacto de Govern contempla un incremento presupuestario de vivienda hasta los 1.000 millones, evitar por ley los desahucios de familias vulnerables y aumentar el parque público de vivienda de alquiler social cada año, «con un objetivo mínimo de 5.000 viviendas».

FISCALIDAD Y BANCA PÚBLICA

Ambas formaciones se han propuesto intensificar la lucha contra el fraude fiscal y trabajar para lograr «un sistema impositivo justo y profundizar en la fiscalidad ambiental», así como potenciar la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) y avanzar hacia la administración tributaria única.

Otro de los compromisos fiscales es el de «aumentar el grado de soberanía económica de la Generalitat iniciando las emisiones de bonos en el mercado«, mediante la emisión de bonos verdes y mecanismos de financiación alternativa a los mecanismos de liquidez del Estado.

También quieren regular la fiscalidad de «los nuevos canales de venta, sobre todo de las plataformas con sede fiscal fuera del Estado», para lo que buscarán la máxima coordinación con las diferentes cámaras legislativas para asegurar que se garantice este equilibrio en todo el territorio.

En cuanto a la idea de una banca pública, el acuerdo apunta a «consolidar el Instituto Catalán de Financias (ICF) como banca pública del país», que sea un referente en el apoyo a proyectos financiados por los fondos Next Generation.

Artículo elaborado por EM a partir de las informaciones de Europa Press

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