Cuando parecía que la responsabilidad del rey emérito por las irregularidades conocidas iba a quedar impune, porque se refería a hechos ocurridos antes de su abdicación en junio de 2014 y, por tanto, protegidos por la inviolabilidad constitucional que ampara a la monarquía, la Fiscalia está encontrando ahora otros motivos de investigación posteriores a esa fecha y, por tanto, susceptibles de imputación penal.
En concreto, hoy desvela elDiario.es que el emérito se sirvió de dos personas muy cercanas para la operativas con las tarjetas opacas. Al parecer, el millonario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause sería la fuente de ingresos que permitió a Juan Carlos mantener “un alto tren de vida”, mediante aportaciones constantes durante los años 2016 a 2018.
Por su parte, el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza habría sido el testaferro que habría permitido al emérito disponer del dinero que llegaba desde el millonario mexicano, sin que su nombre apareciera directamente como quien lo disfrutaba.
El resultado de estas investigaciones, según elDiario.es, será trasladado por la Fiscalía al Tribunal Supremo para que prosiga el procedimiento contra los responsables.
