El acuerdo suscrito este jueves por PSOE y Junts sostiene que la propuesta para la organización de una consulta sobre la independencia de Cataluña o en materia fiscal, en alusión al plan de concierto económico formulado por el expresidente Artur Mas, se hizo desde la “lealtad” y el “marco legal vigente”. En este sentido reprocha que el Gobierno del PP no accediera a una negociación política como respuesta ante el ‘procés’.

A su vez, relata que una parte importante de la sociedad catalana se movilizó a favor de la independencia tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que anuló las referencias a la realidad nacional de Cataluña y al concepto de nación.

También alude a las “reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido histórico”, que adoptaron diferentes formas desde la culminación de los ‘Decretos de Nueva Planta’, en referencia a la abolición impulsada por Felipe V (entre 1707 y 1716) de las normas propias del antiguo Principado de Cataluña.

El pacto, que recoge Europa Press, remarca que el fallo del Constitucional de 2010 conllevó que Cataluña fuera la única comunidad con un estatuto que no fue votado “íntegramente” por su ciudadanía, lo que originó entonces como reacción la sucesión desde 2015 de diversas mayorías absolutas parlamentarias independentistas en el Parlament, así como “movilizaciones masivas de signo independentista”.

Luego, ahonda que en ese periodo se aprobaron diferentes propuestas por parte del Parlament y del Govern catalán en materia
fiscal, así como la solicitud de “delegación de la competencia para la autorización de refrendos o la organización de una consulta al amparo de una ley autonómica”.

“Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas, hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada”, ahonda el texto.

En esta línea y tras estos hechos, el acuerdo entre Junts y PSOE detalla que las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, el referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017, ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC “con una participación masiva en
favor de la independencia de Cataluña”.

IMPEDIR EL 1-0 GENERÓ “IMÁGENES QUE IMPACTARON FUERA DE LAS FRONTERAS

Y recoge que el intento del entonces Gobierno del PP de impedir el referéndum dio lugar a “imágenes que impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras”, junto a la aprobación del artículo 155 de la Constitución española para suspender temporalmente la autonomía de Cataluña, destituir al Govern, disolver el Parlament y convocar elecciones anticipadas con una nueva mayoría independentista.

Asimismo, el pacto incide en que el fallo contra parte del Estatut es un hito clave en el conflicto, pues con el texto inicial que refrendó la sociedad catalana se buscaba “tanto el reconocimiento de Cataluña como nación como la solución a las limitaciones del autogobierno y a los déficits acumulados”.

“Reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido histórico y
que han adoptado diferentes formas desde que los ‘Decretos de Nueva Planta’ abolieron las constituciones e instituciones seculares de Cataluña. Unas reivindicaciones donde las cuestiones lingüísticas, culturales e institucionales han tenido un papel destacado,
especialmente en periodos en los que estas fueron objeto de una limitación legal severa e incluso de una prohibición o persecución activa”, profundiza el acuerdo.

Es más, recoge que esa “complejidad histórica y política” de estas
cuestiones ha conllevado que una “parte relevante de la sociedad catalana no se haya sentido identificada con el sistema político vigente en España”.