La UE acuerda endurecer la política de retornos y consolida los centros de deportación fuera de su territorio

La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo político para reformar su política de retornos de migrantes, introduciendo medidas más estrictas para quienes vean rechazada su solicitud de asilo y abriendo la puerta a la creación de centros de deportación en países extracomunitarios. El pacto, cerrado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, supone uno de los cambios más significativos en materia migratoria de las últimas décadas.

Centros de deportación fuera de la UE

La principal novedad del acuerdo es la legalización de los llamados centros de retorno en terceros países, una fórmula inspirada en el acuerdo alcanzado por Italia con Albania. Estos centros permitirán trasladar fuera del territorio comunitario a migrantes cuya petición de asilo haya sido denegada mientras se tramita su expulsión definitiva al país de origen o de tránsito.

La normativa establece que estos acuerdos podrán ser negociados por uno o varios Estados miembros o incluso por la propia Unión Europea. No obstante, los menores no acompañados quedarán excluidos de estos traslados.

Más obligaciones para los solicitantes rechazados

El nuevo reglamento obligará a los migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada a colaborar activamente con las autoridades para facilitar su retorno. En caso de negativa o de riesgo de fuga, podrán ser detenidos hasta 24 meses, un plazo que podrá ampliarse seis meses adicionales si existen perspectivas razonables de expulsión.

La medida supone un endurecimiento notable respecto a la normativa actual, que contempla periodos de internamiento significativamente más reducidos.

Además, estos periodos de detención podrán aplicarse también a familias con menores y a menores no acompañados, aunque la legislación señala que deberá tratarse de una medida de último recurso y respetar el interés superior del menor.

Una Orden Europea de Retorno

El acuerdo introduce también la Orden Europea de Retorno (ORE), un documento común que permitirá a los Estados miembros compartir información sobre las decisiones de expulsión adoptadas.

El objetivo es facilitar el reconocimiento mutuo de las órdenes de retorno dentro de la UE. Aunque inicialmente este reconocimiento seguirá siendo voluntario, la Comisión Europea podrá proponer en el futuro que pase a ser obligatorio.

Aplicación gradual

La mayoría de las disposiciones comenzarán a aplicarse doce meses después de la entrada en vigor del reglamento. Sin embargo, algunas medidas consideradas prioritarias, como la externalización de los centros de retorno o el refuerzo del papel de Frontex, entrarán en vigor inmediatamente tras la publicación oficial de la norma.

Antes de ello, el acuerdo deberá recibir todavía la aprobación formal tanto del Parlamento Europeo como de los Estados miembros.

Apoyos y críticas

Desde el Partido Popular Europeo, el eurodiputado español Javier Zarzalejos celebró el acuerdo al considerar que dota a la UE de una política migratoria “más seria, ordenada y creíble”. En la misma línea, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, defendió que una política migratoria eficaz requiere mecanismos de retorno rápidos y efectivos.

Sin embargo, organizaciones humanitarias y grupos políticos de izquierda han reaccionado con dureza. El Comité Internacional de Rescate (IRC) alertó de que la reforma incrementa los poderes de deportación sin suficientes garantías para proteger los derechos fundamentales de los migrantes.

Por su parte, la eurodiputada ecologista Mélissa Camara calificó el acuerdo de “retroceso histórico” y criticó especialmente la legalización de centros de retorno fuera de la UE y la posibilidad de detener a menores, acusando a las instituciones europeas de asumir planteamientos impulsados por la derecha y la ultraderecha en materia migratoria.

Un giro en la política migratoria europea

La reforma complementa el Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado recientemente y refleja la creciente presión de numerosos gobiernos europeos para endurecer el control migratorio y aumentar la eficacia de las expulsiones. Si recibe el visto bueno definitivo de las instituciones europeas, marcará un cambio profundo en la gestión de la inmigración irregular dentro de la Unión Europea.