La UE acuerda una simplificación de normas para facilitar las inversiones en defensa

La Unión Europea ha cerrado este miércoles un acuerdo político para simplificar la contratación pública en materia de seguridad y defensa y apoyar y agilizar las inversiones en la industria de la defensa, con una revisión de las normas comunes que busca relajar la carga burocrática y reducir los tiempos en los procesos de licitación, concesión de permisos y cooperación transfronteriza.

“Para una Europa estratégicamente autónoma, la capacidad de defensa y la competitividad van de la mano”, ha destacado en un comunicado la viceministra chipriota de Asuntos Europeos, Marilena Raouna, cuyo país ejerce la presidencia de turno del Consejo de la UE hasta que acabe junio.

El acuerdo alcanzado entre los negociadores del Consejo, que representa a los gobiernos, y del Parlamento Europeo necesita aún ser refrendado formalmente tanto por los Veintisiete como por el pleno de la Eurocámara antes de que pueda entrar en vigor.

“Es un logro importante tanto para fortalecer la capacidad de defensa como la competitividad de la Unión. Para una Europa estratégicamente autónoma, la capacidad de defensa y la competitividad van de la mano”, ha defendido Raouna.

El llamado “quinto ómnibus” —en referencia a las revisiones que ha impulsado Bruselas para relajar la regulación que afecta a las empresas en varios campos que la UE quiere liderar, como este de la defensa y otros como la digitalización— servirá, por ejemplo, para simplificar la gestión y la implementación del Fondo Europeo de Defensa y aclarar cómo se aplica la legislación medioambiental y química de la UE a las actividades de preparación para la defensa.

Así, reduce los requisitos administrativos para las solicitudes al Fondo Europeo de Defensa, al tiempo que aumenta el apoyo a las pymes y hace “más predecible” la implementación del fondo, según ha informado el Consejo en un comunicado. Asimismo, mantiene la posibilidad de que los organismos públicos europeos, como la Agencia Europea de Defensa, funcionen como organismos centrales de compras.

También preserva el derecho de los Estados miembro cofinanciadores a obtener derechos de acceso a los resultados de las acciones financiadas por el Fondo Europeo de Defensa y garantiza la protección de los derechos de propiedad intelectual de las entidades industriales que participan en la acción.

Además, los colegisladores acordaron incentivos adicionales para reforzar la participación de las pymes en los proyectos del Fondo Europeo de Defensa, en particular mediante el aumento de la bonificación en la tasa de financiación para los proyectos en los que participen pequeñas y medianas empresas.

La reforma apunta también al objetivo de brindar “un alto nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente”, por lo que valida las modificaciones de la propuesta inicial de Bruselas que afectan a la legislación ambiental y sobre productos químicos en lo que respecta a las exenciones disponibles para el uso de sustancias químicas con fines de preparación para la defensa.

En cuanto a los permisos, la revisión establece un “marco armonizado” para acelerar las concesiones de permisos para proyectos de preparación de la defensa, con plazos máximos de 120 días hábiles y la asunción de que una solicitud será aprobada tácitamente si la autoridad competente no ha tomado una decisión contraria antes de que expire el plazo.

Con todo, la reforma garantiza que sigan siendo posibles las excepciones a la aprobación automática, ya que la legislación nacional podrá prever dichas excepciones cuando exista un riesgo grave para la salud humana o la seguridad nacional.

Por otro lado, elimina las demoras administrativas en la contratación pública de seguridad y defensa, facilita las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la UE y refuerza la cooperación intracomunitaria, ofreciendo a los Estados miembro y a la industria una vía “más clara” para reforzar la capacidad de defensa de Europa de cara a 2030.

Otra modificación supone elevar los umbrales de la directiva de contratación pública de defensa para aligerar la carga administrativa y dar a las autoridades más tiempo para centrarse en los proyectos de defensa más importantes. También introduce la posibilidad de realizar contrataciones conjuntas ocasionales, una regla de minimis para las modificaciones contractuales y una mayor flexibilidad en los acuerdos marco.