Las dos almas del gobierno viven en estos días una nueva prueba de fuego para constatar su fortaleza.
El compromiso de derogación de la reforma laboral del Partido Popular, vigente en lo esencial desde 2012, enfrenta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la responsable económica, Nadia Calviño, sobre todo por un tema clave: la negociación colectiva.
Economía quiere, de la mano del borrador elaborado por sus expertos, que el convenio de empresa prime sobre el sectorial. Esto, en su opinión, daría flexibilidad al mercado y permitiría adaptarse a las muy diferentes circunstancias de unas y otras empresas. Pero eso no es lo que decía el acuerdo entre PSOE y Podemos que les llevó al gobierno, y desde luego no es lo que defiende Trabajo, dirigido por la combativa Yolanda Díaz.
Para Trabajo, es prioritario garantizar la protección del trabajador, y eso choca frontalmente con pretender dar la primera palabra de la negociación colectiva al pequeño ámbito de la empresa, donde este está más desprotegido porque su empleo depende directamente de lo que se negocie, y donde el empleador tiene, por tanto, más capacidad de llevar los acuerdos a su terreno.
Economía y Trabajo siguen negociando, pero las posiciones de ambos departamentos continúan alejadas. Por si fuera poco, este no es más que uno de sus muchos puntos de fricción que han aparecido en los once meses de gestión conjunta en el gobierno. Son, quizás, los dos departamentos donde la carga ideológica y las distintas recetas económicas que se defienden se ponen más de manifiesto, por lo que las desavenencias son más frecuentes que en otras áreas.
Mientras tanto, la reforma laboral del Partido Popular sigue vigente, y podría seguir estándolo durante más tiempo del que inicialmente se preveía.
D
En esto lleva razón Yolanda Díaz. Es importante que el convenio sectorial prime sobre el de empresa, para que garantice unos mínimos de condiciones laborales y sueldo que se exijan a la empresa.
Si no se abre el paraguas protector del convenio sectorial, muchos obreros quedan más desprotegidos y expuestos a que en sus empresas el convenio sea negociado a la baja.