Las Cortes votan el martes la propuesta de Vox para fiscalizar el gasto en inmigración ilegal

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas votará este martes una propuesta de Vox para instar al fiscalizador a realizar un informe sobre los gastos realizados por la Administración General del Estado, las distintas comunidades autónomas y las entidades locales en la “inmigración ilegal”, una iniciativa cuya aprobación o no quedará en manos del PP.

A principios del pasado mes de septiembre el partido que preside Santiago Abascal registró dos propuestas de fiscalización para su debate en esta comisión mixta, en la que el PP y Vox suman mayoría absoluta.

Sin embargo, en la sesión del martes sólo se ha incluido la fiscalización relativa al gasto que genera en todas las administraciones la “inmigración ilegal”, pero no la relativa a la “gestión de los menores extranjeros no acompañados”, que era el otro informe que Vox planteó encargar al órgano que preside Enriqueta Chicano.

Cuando anunciaron estas iniciativas, desde Vox subrayaron que su objetivo es que “los españoles conozcan el coste de la inmigración ilegal que tanto el PP como el PSOE intentan ocultar con opacidad administrativa, al no responder a los numerosos requerimientos de información por parte de Vox en distintas instituciones”.

Vox registró estas dos propuestas de fiscalización después de que Abascal asegurara en una sesión de control al Gobierno en el Congreso que a los españoles les cuesta más “mantener a un inmigrante ilegal o a un mena que pagar a un anciano español en una residencia”.

La propuesta de fiscalización será votada por una comisión en la que PP y Vox tienen mayoría absoluta, lo que deja la decisión final en manos del PP.

El objetivo de la propuesta es que el Tribunal de Cuentas elabore un informe que detalle el uso de fondos públicos en políticas relacionadas con inmigrantes en situación irregular por parte de todas las administraciones públicas.

La iniciativa ha sido interpretada por la formación de Abascal como un ejercicio de transparencia, mientras que otros partidos lo consideran una maniobra con fines políticos.