Cinco vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial han apoyado este jueves que los 21 miembros del Pleno de este órgano que concluyeron su mandato hace más de dos años renuncien con efectos de 1 de enero de 2021 para obligar al Congreso y al Senado a llegar a los necesarios acuerdos para renovar la institución.
La propuesta ha sido lanzada por el vocal designado a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta y respaldada por Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo -todos ellos también designados por el partido mayoritario en el Gobierno- y Concepción Sáez, que lo fue por IU.
Son los mismos que han votado en contra del acuerdo apoyado por los otros 16 vocales de este órgano exigiendo al Congreso que recabe la opinión del Consejo de Europa antes de proceder a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que les impedirá hacer nombramientos discrecionales estando en funciones.
IMPERATIVO CONSTITUCIONAL
El voto particular recuerda que renovar en el plazo legal las Altas Instituciones del Estado, y en concreto, el Consejo General del Poder Judicial “es un imperativo constitucional, un Derecho-Deber de las Cámaras Congreso y Senado, tal como en reiteradas ocasiones ha afirmado el Tribunal Constitucional”.
Para los discrepantes, obstaculizar dicha renovación constituye “un grave atentado a la estabilidad del sistema democrático español, que contribuye al desprestigio de las instituciones democráticas y de los órganos constitucionales”, además de un intento “artero e irresponsable de manipulación del Consejo General del Poder Judicial y de la Independencia del Poder Judicial”.
Por ello, entienden que deben evitar que las negociaciones para la renovación conviertan el órgano de gobierno de los jueces “en chivo expiatorio, o moneda de cambio, de la incapacidad de quienes son los auténticos responsables de no renovar en plazo su composición”.
CRÍTICAS VELADAS AL PP
“Quien bloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial, debe perder toda esperanza de sacar rédito político de su irresponsable conducta”, añaden, en clara alusión al Partido Popular, aunque sin citarlo, que es el que está dando públicamente razones para no pactar a los nuevos vocales, señalando como obstáculo la presencia de Podemos en el pacto.
Añaden que condicionar la renovación de un órgano constitucional a la exclusión de miembros o Grupos en la participación en las decisiones de las Cámaras supone “un comportamiento arbitrario y un ataque a la esencia del sistema parlamentario”.
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