Pasados más de dos años desde la celebración de las elecciones autonómicas, Podemos estaría en condiciones de entrar por primera vez en el gobierno de una Comunidad Autónoma.
Ocurriría en Castilla la Mancha, donde la anterior presidenta, la popular García de Cospedal, fue desalojada del ejecutivo gracias a una reforma electoral que ella misma promovió y cuyo efecto final fue dejar fuera del Parlamento a Ciudadanos, con lo cual la suma de PSOE y Unidos Podemos superó al resultado conseguido por los populares.
Desde mayo de 2015, sin embargo, el camino no ha sido fácil. El gobierno del socialista Page ha contado con el apoyo decisivo de Podemos, pero esta formación se ha mantenido al margen de muchas de sus decisiones, y no han sido pocas las ocasiones en que ha habido desencuentros sonados.
El momento clave que ha forzado el cambio de situación ha sido la necesidad de aprobar urgentemente los presupuestos de 2017 para la Comunidad Autónoma, norma fundamental necesaria para garantizar la continuidad institucional. Para evitar la parálisis, Page ha ofrecido al líder de Podemos en la región, García Molina, ocupar una vicepresidencia y la consejería que gestione el “Plan Integral de Garantías Ciudadanas” en el que se plasmaría gran parte de la propuesta social de los de Iglesias. La contrapartida será el voto afirmativo de Podemos al proyecto de Presupuestos de este año y al del siguiente, que deberá tramitarse a su vez en pocos meses.
Ante la posibilidad de que sus propuestas experimenten así un notable impulso, Podemos ha decidido, en principio, aceptar el ofrecimiento. No obstante, toda la decisión tendrá que esperar a que la militancia del partido exprese su opinión favorable. Si así fuera, dos años después, Podemos empezaría a tocar poder en un ámbito en el que hasta ahora carecía de él: el autonómico.
