Política y juegos de azar: ¿Son los bonos gratuitos sin depósito una nueva estrategia política en España?

Desde que la conocida como Ley Garzón entrase en vigor el mayo del 2011, la industria del juego en España ha sufrido todo tipo de transformaciones, con la intención de que el marco regulatorio se fuese adaptando a la evolución del sector. El objetivo de las legislaciones en este ámbito siempre ha sido el mismo: proteger a los jugadores y prevenir la adicción al juego. En esta misma línea, en abril del pasado año el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Consumo, aprobó un Real Decreto, el cual entró en vigor el día 29 del mismo mes. Este último impone a los operadores garantizar entornos seguros para los usuarios. Algunas de las medidas acordadas para conseguir esta meta es la de prohibir a las plataformas de casinos aceptar tarjetas de crédito de jugadores catalogados como “vulnerables”, con multas de hasta 50 millones para quienes incumplan la normativa.

Según la ley, entran dentro de esta categoría todos aquellos que acumulen pérdidas iguales o superiores a los 600 euros en un plazo de tres semanas consecutivas. Del mismo modo, también se consideran vulnerables quienes hayan solicitado su inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, registro público del que forman parte los ciudadanos que hayan pedido que les sea prohibida su participación en las plataformas de juego de azar. Así, todos aquellos jugadores vulnerables deben quedar excluidos de las actividades de promoción, actividades que actualmente son el día a día de las plataformas de juego, como se puede ver en https://apuestasdeportivas24.com/bonos/sin-deposito/, funcionando como aliciente para aquellos usuarios que quieran probar este tipo de ocio sin poner en riesgo su dinero.

En España, este tipo de promociones están permitidas por la ley, bajo el principio de libre competencia. Sin embargo, son muchos los que plantean la existencia de estas promociones como una estrategia política por parte del Gobierno con la que lograr cierta aceptación entre sectores concretos de la población, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

La realidad es que la idea no es tan descabellada, ya que, en un contexto donde los partidos buscan el modo de conectar a toda costa con sus votantes, favorecer el desarrollo de las industrias con más demanda es una posibilidad. Los bonos sin depósito permiten a los jugadores acceder a ciertos beneficios sin asumir riesgos económicos, lo que en un  plano político podría traducirse en propuestas que prometen beneficios tangibles sin implicar grandes compromisos iniciales, como lo son los descuentos en transporte público, las ayudas directas o las medidas fiscales temporales.

Ya es sabido el gran atractivo psicológico que provocan los regalos y servicios gratuitos, siendo una estrategia de marketing más que utilizada en todas las industrias. Y, precisamente por esto último, cabe pensar que la utilización de bonos gratuitos sin depósito no es más que una táctica comercial como cualquier otra, del mismo modo que ocurre con las pruebas gratuitas de los servicios de streaming o los bonos de bienvenida de las operadoras telefónicas. No obstante, en la industria de los juegos de azar todo parece cogido con pinzas. Pese al desarrollo y a la evolución que ha experimentado el sector en los últimos años y a las normativas que promueven la seguridad de sus usuarios, todavía existen sectores de la sociedad reacios a este tipo de ocio.

Como resultado, la industria ha sufrido limitaciones impensables en otros ámbitos del mercado, sobre todo en materia de publicidad. Por ello, tras la lucha llevada a cabo por los operadores, el pasado abril de este 2024 el Tribunal Supremo modificó la regulación en materia de publicidad de las plataformas de juego digital, permitiendo la captación de nuevos clientes en los principales canales de comunicación. Aun así, las empresas del sector continúan alegando las particularidades a las que deben someterse, teniendo que cumplir con restricciones que ponen en peligro su capacidad para competir en igualdad de condiciones con otras industrias. Estas restricciones, argumentan, dificultan tanto la captación como la fidelización de clientes, limitando la expansión de un sector que, pese a las controversias, aporta millones de euros a la economía española y genera miles de empleos directos e indirectos. Sería precisamente este último el motivo que justificaría la transigencia que están mostrando los gobiernos, conscientes del peso económico que supone la industria.