La Asamblea de la República portuguesa ha rechazado la denominada reforma laboral “Trabalho XXI”, uno de los proyectos estrella del Gobierno de centroderecha de Luís Montenegro. La iniciativa, que modificaba más de un centenar de artículos del Código del Trabajo, pretendía flexibilizar el mercado laboral para impulsar la productividad y la competitividad empresarial, pero acabó encontrando una fuerte oposición tanto en las calles como en el Parlamento.
El rechazo supone un importante revés para el Ejecutivo, que defendía la reforma como una herramienta necesaria para combatir el estancamiento de la productividad portuguesa, situada entre las más bajas de la Unión Europea. Sin embargo, sindicatos, partidos de izquierda e incluso parte de la oposición conservadora consideraron que las medidas favorecían excesivamente a las empresas en detrimento de los trabajadores.
Qué pretendía cambiar la reforma
El proyecto buscaba una revisión profunda de la legislación laboral portuguesa. Entre los cambios más relevantes figuraban varias medidas orientadas a aumentar la flexibilidad empresarial.
Despidos más sencillos
Uno de los aspectos más controvertidos consistía en facilitar los despidos por causa justificada. El Gobierno argumentaba que los procedimientos actuales son excesivamente complejos y generan inseguridad jurídica para las empresas.
La reforma eliminaba algunas obligaciones procesales en determinados casos y reducía las barreras para que las compañías pudieran extinguir contratos laborales.
Fin de la readmisión obligatoria en algunos despidos improcedentes
Actualmente, cuando un tribunal declara improcedente un despido, el trabajador puede recuperar su puesto en determinadas circunstancias.
La reforma permitía que las empresas evitaran la reincorporación del empleado mediante una indemnización económica, siempre que demostraran que la vuelta del trabajador generaría graves problemas organizativos. Esta medida fue especialmente criticada por los sindicatos.
Más subcontratación
Otra de las modificaciones previstas eliminaba varias restricciones a la externalización de servicios.
Los empresarios defendían que ello facilitaría la especialización y la competitividad. Los sindicatos, por el contrario, denunciaban que abriría la puerta a sustituir trabajadores con mejores condiciones por empleados subcontratados con salarios inferiores.
Bancos individuales de horas
La propuesta recuperaba el llamado “banco individual de horas”, un sistema mediante el cual empresario y trabajador podrían pactar ampliar la jornada diaria hasta dos horas adicionales.
El límite máximo alcanzaría las 50 horas semanales y 150 horas anuales. El Gobierno defendía que se trataba de una fórmula flexible para adaptar la producción a las necesidades de cada empresa, mientras que los sindicatos lo consideraban una vía para alargar la jornada sin una compensación adecuada.
Contratos temporales más largos
El proyecto también ampliaba la duración máxima de algunos contratos temporales y de duración incierta, una medida que, según sus críticos, podía incrementar la precariedad laboral.
El argumento del Gobierno: productividad y salarios
La ministra de Trabajo, Maria do Rosário Palma Ramalho, defendió durante todo el proceso que Portugal necesita modernizar su mercado laboral para converger con los estándares europeos.
Según el Ejecutivo, la rigidez de la legislación portuguesa ha contribuido durante años a una combinación de baja productividad, salarios reducidos y escasa capacidad competitiva de las empresas. El Gobierno sostiene que una mayor flexibilidad permitiría generar crecimiento económico y, a medio plazo, mejores salarios.
Los datos oficiales muestran que la productividad por hora trabajada en Portugal se sitúa significativamente por debajo de la media comunitaria, argumento utilizado por el Ejecutivo para justificar la reforma.
Protestas masivas y dos huelgas generales
La respuesta sindical fue inmediata.
La CGTP, principal central sindical del país, calificó la reforma como un ataque directo a los derechos laborales y convocó movilizaciones durante meses. Miles de personas se manifestaron en Lisboa y otras ciudades denunciando que las medidas facilitarían los despidos, aumentarían la precariedad y debilitarían la negociación colectiva.
La tensión culminó con una huelga general el 3 de junio, la segunda en apenas seis meses.
El paro afectó gravemente al transporte ferroviario, al metro de Lisboa, a los aeropuertos, a los centros educativos y a parte del sistema sanitario. Centenares de vuelos fueron cancelados y numerosos servicios públicos quedaron paralizados.
Los sindicatos sostenían que la reforma permitiría jornadas más largas, ampliaría el recurso a contratos precarios, facilitaría los despidos y restringiría algunos derechos de huelga y conciliación familiar.
Cómo votó el Parlamento
La votación final reflejó la enorme dificultad del Gobierno para construir mayorías estables.
A favor del proyecto votaron únicamente los 91 diputados de la coalición gubernamental Aliança Democrática y los nueve representantes de Iniciativa Liberal. En total, 100 apoyos.
En contra votaron:
- El Partido Socialista (PS).
- Chega.
- Bloco de Esquerda.
- Partido Comunista Portugués.
- Livre.
- El resto de formaciones de la oposición.
Especialmente relevante fue el voto negativo de Chega. Durante meses se había especulado con que la derecha populista podría facilitar la aprobación de la reforma, pero finalmente decidió rechazarla tras exigir cambios que el Gobierno no aceptó.
El resultado provocó aplausos entre los representantes sindicales presentes en la Cámara y dejó al Ejecutivo sin uno de los pilares centrales de su agenda económica.
Un revés político para Montenegro
La derrota parlamentaria evidencia las dificultades de gobernar en un Parlamento cada vez más fragmentado.
El Ejecutivo de Luís Montenegro defendía la reforma como la principal herramienta para impulsar el crecimiento económico portugués durante la legislatura. Sin embargo, la combinación de presión sindical, rechazo socialista y negativa de Chega terminó por bloquear el proyecto.
A corto plazo, el Gobierno deberá decidir si intenta negociar una versión más moderada de la reforma o si abandona definitivamente uno de sus compromisos más importantes en materia económica y laboral.
