El Congreso debate hoy en comisión la reforma reglamentaria para definir sus relaciones con los ‘lobbies’

La Comisión de Reglamento del Congreso se reúne este miércoles para tratar de aprobar el dictamen relativo a la proposición de ley registrada por el PSOE hace un año con el objetivo de regular la actividad de los grupos de interés o ‘lobbies’ en la Cámara. La intención es que la reforma pueda quedar definitivamente aprobada en el Pleno extraordinario previsto para el próximo mes de julio.

La semana pasada, PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios dieron luz verde al informe de la ponencia con la abstención de Junts y el voto en contra de PP y Vox. Durante la tramitación se incorporaron diversas enmiendas transaccionales y también dos propuestas presentadas por el Partido Popular.

Entre las modificaciones pactadas destaca una impulsada por PNV, ERC, EH Bildu y BNG para excluir de la regulación a las entidades del tejido social y asociativo sin ánimo de lucro y sin vínculos empresariales. Estas organizaciones ya no serán consideradas grupos de interés a efectos de la norma ni estarán obligadas a inscribirse en el registro previsto para controlar la actividad de los lobbies en el Congreso.

Asimismo, se ampliará la información que deberán facilitar los grupos de interés para figurar en el registro oficial. Los representantes de estos colectivos tendrán que dejar constancia de sus reuniones e interlocuciones con diputados, grupos parlamentarios y demás personal susceptible de recibir influencia, así como del contenido tratado en dichos encuentros.

Por su parte, los diputados también estarán obligados a informar sobre la documentación utilizada para fundamentar sus decisiones. Deberán comunicar mediante el registro electrónico habilitado todas las propuestas, observaciones o documentos recibidos de grupos de interés cuando estos hayan sido utilizados, total o parcialmente, para la elaboración o modificación de iniciativas legislativas.

La denominada huella legislativa recogerá además todas las votaciones producidas durante la tramitación parlamentaria. El informe incorporará un anexo con el sentido del voto emitido por cada diputado en el Pleno y, en el caso de las comisiones, identificará la posición de cada grupo parlamentario. Si dentro de una misma formación existieran votos diferenciados, esta circunstancia también quedará reflejada.

Durante su paso por la ponencia se han precisado igualmente los principios rectores del código de conducta de los grupos de interés y se ha reforzado el régimen de infracciones y sanciones previsto en la reforma.

Además, se ha aceptado una enmienda del PP para concretar quién será considerado “personal susceptible de recibir influencia”. La definición incluye a los diputados, miembros de gabinetes de confianza o asesoramiento especial, personal eventual adscrito a la Mesa o a los grupos parlamentarios, trabajadores de los propios grupos y al resto del personal de la Cámara que pueda participar, directa o indirectamente, en actividades de influencia reguladas por el Reglamento.

Sin embargo, todavía permanecen vivas varias enmiendas para el debate en comisión. ERC y EH Bildu defienden que los ex altos cargos del Gobierno, así como exdiputados y exsenadores, no puedan actuar en representación de grupos de interés hasta haber permanecido cuatro años fuera de sus responsabilidades públicas. Actualmente, la propuesta socialista establece una limitación de dos años.

Los grupos independentistas consideran que ampliar este periodo permitiría combatir con mayor eficacia las denominadas “puertas giratorias”, reforzando las garantías de integridad y transparencia en la relación entre el sector público y los grupos de interés.

Por su parte, el PNV plantea mantener el plazo de dos años, pero extender la prohibición a todo el personal público susceptible de recibir influencia, incluyendo altos funcionarios, directivos públicos y empleados de la Administración General del Estado que participen en procesos de toma de decisiones, elaboración normativa o ejecución de políticas públicas.

El PP también ha registrado una enmienda específica para los exdiputados que desarrollen actividades de representación de intereses relacionadas con las decisiones del Congreso. Su propuesta contempla la obligación de comunicar estas actividades a la Cámara y limita el uso de determinadas prerrogativas reservadas a antiguos parlamentarios mientras desarrollen tareas de influencia.

La reforma impulsada por el PSOE incorpora además un nuevo régimen sancionador para diputados y grupos parlamentarios que incumplan las obligaciones establecidas en el Reglamento y en el Código de Conducta de las Cortes Generales. Entre otras cuestiones, se prevén medidas contra quienes no presenten declaraciones de bienes, actividades o intereses económicos, omitan información o faciliten datos falsos.

Las sanciones podrán ir desde el apercibimiento público hasta la retirada de cargos y complementos salariales. La Mesa del Congreso propondrá las medidas correspondientes en función de la gravedad de la infracción, aunque la decisión final recaerá en el Pleno de la Cámara.

Esta iniciativa se suma a otra reforma reglamentaria promovida recientemente por el PSOE y admitida a trámite por el Congreso, que contempla la posibilidad de suspender temporalmente y sancionar con multas de hasta 2.000 euros a los diputados que alteren el orden durante las sesiones parlamentarias y sean expulsados del hemiciclo.