El PP “respeta” la petición de cárcel para Zaplana

La síndica del PP en Les Corts, Mª José Catalá, ha trasladado el “máximo respeto” de su partido a la petición de Fiscalía Anticorrupción de 19 años de prisión para el ‘expresident’ de la Generalitat y exministro de Trabajo con el Partido Popular, Eduardo Zaplana, en el marco del ‘caso Erial’ por el supuesto cobro de más de diez millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos

Entre los representantes del gobierno del Botànic, Ana Barceló (PSPV) ha afirmado que “el PP no ha superado todavía la catarsis y debería pasar una ITV para abordar unos de los años más tristes de la historia del autogobierno”, Papi Robles (Compromís) ha asegurado que la petición es “una foto muy clara del antiguo PP” y la ha diferenciado de la imputación de la exvicepresidenta Mónica Oltra y Pilar Lima (UP) ha afeado a la oposición que estuviera en contra de la reversión a gestión pública de las ITV.

Así han valorado, en rueda de prensa tras la junta de síndicas, la calificación fiscal remitida al Juzgado de Instrucción 8 de València que solicita 19 años de prisión para Zaplana por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa. Junto a Zaplana, Fiscalía acusa a otros investigados en la causa como el considerado presunto testaferro, Joaquín Barceló; el también ‘expresident’ José Luis Olivas o los empresarios Vicente y José Cotino.

Catalá, también ‘número dos’ del PPCV ha asegurado que en su partido respetan “mucho” los procesos judiciales, tanto a los que afectan a personas que formaban o forman parte del PP como de otras formaciones. Ha garantizado que la petición “se sustanciará con toda naturalidad” y ha advertido que “politizar la justicia es un error”, además de recordar otros procesos en los que “representantes del PP han salido impunes” y de defender la presunción de inocencia.

Entre el resto de la oposición, Ruth Merino (Cs) ha coincidido en que hay que dejar trabajar a los jueces y ha destacado que en su partido son “muy exigentes con la ejemplaridad de los políticos antes de llegar a estas fases”. “Cuando alguien está en tela de juicio, que abandone la política”, ha reivindicado, y ha lamentado que tanto este caso como ‘Alquería’ retrotraen a épocas en las que “los valencianos éramos el centro de la corrupción política”

Ana Vega (Vox) ha lamentado que se conozca a la Comunitat por el “saqueo sistemático, cuando no era del PP era del PSOE”, algo que ha achacado al bipartidismo, y ha asegurado que en “el ADN” de su partido está la lucha contra la corrupción.

Del Botànic, Barceló (PSPV) ha reiterado el respeto “siempre” a la justicia, aunque ha remarcado que no se puede pasar por alto que la petición es “grave” y que es “muy llamativo que se vayan a sentar en el banquillo dos expresidentes” y en enero otro más, Francisco Camps por el contrato de Fitur a la trama ‘Gürtel’. “Nos da una idea de lo que han sido los gobiernos del PP”, ha denunciado, y ha advertido que “volvemos a un pasado en el que se está dibujando la recuperación de algunas figuras de esa época”.

Papi Robles (Compromís) ha afirmado que su coalición respeta “al cien por cien” los procesos judiciales y que los afectados puedan ir a los tribunales lo antes posible, pero la ha diferenciado de la imputación a Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. También ha afeado la investigación a los Cotino, “dos hermanos que tenían mucho que ver con la gestión del antiguo PP”.

Y Pilar Lima (UP) ha exigido “tolerancia cero” ante estos casos y que se devuelva todo el dinero apropiado indebidamente en una etapa de “decadencia de los servicios públicos. Su compañero Ferran Martínez ha recordado que hace dos meses que los grupos de la oposición cuestionaron la reversión de las ITV, que se llevará a cabo a partir de 2023, y que el PP critica la paralización de los proyectos de energías renovables cuando “el plan eólico de Zaplana era una excusa para cobrar comisiones ilegales”. “Los ciudadanos sabrán valorar qué es mejor”, ha zanjado.