Ribera inaugura hoy una nueva ronda de diálogo para diseñar el plan de contingencia reuniéndose con Enagás

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, inicia este viernes una nueva ronda de conversaciones con los principales agentes sectoriales, sociales, políticos y de la sociedad civil para recabar propuestas que contribuyan a que España reduzca su consumo de gas de cara al diseño del Plan de Contingencia que el Gobierno debe enviar a Bruselas.

El primero de los encuentros que mantendrá Ribera será con el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, con quien se reunirá este viernes a partir de las 9.30 horas en la sede del Ministerio, según ha informado su Departamento.

Esta ronda de conversaciones se enmarca en el contexto del diseño del Plan de Contingencia que el Gobierno debe remitir a la Comisión Europea dentro de la estrategia comunitaria para afrontar el impacto de la guerra en Ucrania.

El comienzo de esta ‘gira’ para recabar propuestas entre las empresas del sector y los agentes económicos y sociales se produce un día después de que el Pleno del Congreso convalidara el decreto de ahorro energético, que finalmente se tramitará como proyecto de ley para la inclusión de algunas modificaciones reclamadas por los socios de Gobierno.

El decreto, cuyas medidas se seguirán aplicando pese a su tramitación como proyecto de ley, recoge el primer paquete de medidas de ahorro energético previstas para cumplir con la reducción voluntaria del consumo de gas, ante el riesgo de un corte de suministro por parte de Rusia, así como ayudas para el fomento del transporte público como la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia desde el 1 de septiembre hasta final de año.

Este plan de ahorro energético, que se completará con el diseño del Plan de Contingencia, limita las temperaturas de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados respectivamente en inmuebles de las administraciones públicas, establecimientos comerciales como grandes almacenes o centros comerciales, espacios culturales o infraestructuras de transporte como estaciones o aeropuertos. La norma deja fuera hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o las cocinas de los restaurantes.