UK: el Gobierno de Starmer presenta una reforma radical de la política de asilo

El Gobierno de Keir Starmer ha emprendido una reforma radical en la política de asilo en el Reino Unido, marcando un giro decisivo hacia el endurecimiento de controles y condiciones para solicitantes de protección internacional. Las nuevas medidas reflejan tanto una respuesta a la presión migratoria como una estrategia política para contener el auge de fuerzas conservadoras y populistas en el país.​

El eje fundamental de la reforma consiste en transformar el estatus de refugiado en un permiso temporal revisable cada dos años y medio, con la intención explícita de repatriar a quienes provengan de países que el gobierno británico considere “seguros” en cada momento. Solo tras veinte años de residencia continuada y revisada se podrá acceder a la residencia permanente en Reino Unido, cuadruplicando el plazo anterior de cinco años, una de las medidas más controvertidas presentadas por la ministra del Interior Shabana Mahmood.​

Restricciones a derechos y beneficios sociales

El gobierno laborista suprimirá el acceso automático a ayudas sociales como vivienda y prestaciones para los solicitantes de asilo, excepto quienes demuestren necesidad y disposición a trabajar de forma legal. Esta iniciativa pretende reducir el atractivo de Reino Unido como destino de migrantes irregulares y facilitar las expulsiones de quienes infrinjan las normas migratorias.​

La reagrupación familiar y el acceso a trabajo y educación también estarán sujetos a mayores exigencias: se exigirán pruebas de idioma y aportaciones económicas más gravosas para las familias y las instituciones que patrocinen visados, incluidos los estudiantiles.​

Otra novedad es el uso de inteligencia artificial para determinar la edad real de los solicitantes, evitando fraudes de menores que en realidad son adultos. Además, el Gobierno de Starmer busca modificar el Convenio Europeo de Derechos Humanos para que los tribunales británicos prioricen la “seguridad de la comunidad” por encima del derecho a la protección familiar de los refugiados.​

Se pretende limitar apelaciones judiciales y las llamadas “solicitudes a última hora”, dando al Gobierno mayor control sobre la interpretación de la ley de asilo y acelerando expulsiones.​

Contexto político y social

Estas medidas llegan en un contexto de récord en solicitudes de asilo —más de 111.000 en el último año— y creciente presión en zonas de acogida, como hoteles convertidos en centros temporales, donde las protestas ciudadanas, alimentadas por la extrema derecha, han ido en aumento.​

La reforma se inspira en el modelo danés, caracterizado por permisos temporales, revisiones continuas y un impulso a la repatriación de refugiados en cuanto sea posible. En palabras del Gobierno, se busca una política “menos atractiva” para desincentivar el uso de rutas ilegales por el Canal de la Mancha, por donde han llegado más de 39.000 migrantes solo en lo que va de 2025.​

Mientras las organizaciones de derechos humanos critican la desprotección y fragilidad a la que se condena a los solicitantes de asilo, la administración Starmer justifica el giro por la necesidad de preservar la seguridad, controlar el sistema y responder a las demandas populares y las presiones internacionales.​

El Reino Unido se prepara, pues, para una etapa de mayor contundencia en la gestión migratoria, con efectos que se dejarán sentir no solo en quienes buscan refugio, sino en el debate político de los próximosimos años.