Las maniobras que Boris Johnson, nuevo primer ministro británico, ha llevado a cabo en el último mes para intentar sacar adelante su “Brexit con o sin acuerdo” antes del 31 de octubre, sin que el Parlamento pudiera impedirlo, parecen haber encallado.
Por un lado, su intento de neutralizar al Parlamento para tener las manos libres se ha topado con una realidad: antes de conseguir que la decisión de suspender la actividad parlamentaria fuera efectiva, la cámara de Westminster ha tenido tiempo suficiente para reunirse y, en un par de sesiones de frenética actividad, poner patas arriba los planes del primer ministro y su propia mayoría parlamentaria.
El resumen de las decisiones parlamentarias tomadas en los tres primeros días de esta semana es el siguiente: se ordena a Johnson intentar una prórroga para la puesta en marcha definitiva del Brexit, si no hay un acuerdo con la U.E antes de finalizar octubre. Johnson estaría obligado, ahora, a pedir una nueva prórroga que nos llevaría a primeros del año 2020, cuando su compromiso desde la misma toma de posesión era acabar con el asunto, por las buenas o por las malas, el mismo 31 de octubre.
Esto ha sido posible porque una veintena de diputados conservadores ha votado en contra de su propio primer ministro y a favor de un Brexit con acuerdo. Tras la primera votación perdida, el Partido Conservador anunció que expulsaría a los disidentes si proseguían con su actitud, pero estos no cedieron a la presión y han seguido haciendo perder al ejecutivo votación tras votación en estos tres días frenéticos (de lunes a miércoles).
La segunda derivada del asunto es que Johnson había asegurado que si sus planes eran contradichos por la cámara de Wesminster, instaría la convocatoria inmediata de unas nuevas elecciones generales (a mediados de octubre) para así tener las manos libres y continuar con su plan de cortar amarras el 31 de octubre. Pero esta posibilidad ha sido también impedida por el Parlamento, que ha vetado expresamente la posibilidad de convocar elecciones mientras no esté garantizado que el Brexit será acordado con la U.E.
Así que, a pesar de contar con unas encuestas de momento muy favorables, que pondrían en sus manos una mayoría absoluta amplia con diputados fieles, no puede hacerla efectiva. Como primer ministro, no le queda más alternativa que cumplir el mandato parlamentario, pero eso supone incumplir todos sus compromisos y quedar en manos de aquellos a quienes ha pretendido desactivar.
¿Qué hará Johnson ahora? Resulta imprevisible La salida natural para cualquier constitucionalismo escrito sería la dimisión, pero la política británica deja siempre muchos flecos abiertos que aún pueden explorarse.
Si algo tiene el constitucionalismo británico es su imprevisibidad. La falta de un texto constitucional escrito con normas rígidas a las que acudir, hace que en cualquier momento se pueda intentar una nueva pirueta que cambie totalmente el terreno de juego. Los despachos de asesores legales del ejecutivo británico y de la oposición ya están (de hecho, llevan meses sin dejar de hacerlo) trabajando a destajo para diseñar la siguiente maniobra y, sobre todo, para intentar desactivar la que emprenda el enemigo.
Los plazos se agotan, pero aún queda mucho tiempo: en Gran Bretaña se puede convocar y celebrar una sesión parlamentaria decisiva en cuestión de horas. Los laboristas, que con su negativa parlamentaria han hecho imposible la convocatoria de elecciones, no son unánimes al respecto, y hay una fuerte corriente interna que defiende la celebración inmediata de elecciones siempre que haya garantías de que el Parlamento electo esté comprometido con un Brexit acordado.
En cualquier momento cambiará el panorama y alguien moverá una ficha decisiva. Lo único cierto es que habrá noticias pronto pero que no tenemos idea de cuáles serán.
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