El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, y el diputado en el Congreso por Las Palmas, Alberto Rodríguez Almeida, han defendido este sábado en Gran Canaria que la inmigración ilegal se soluciona “repatriando a todos los que entran ilegalmente en España y, también, a todos aquellos que han entrado legalmente pero se dedican a cometer delitos” en el país.
Así se han expresado ambos representantes políticos a las puertas del centro de menores migrantes clausurado esta semana en Agüimes, en la Playa del Cabrón (Gran Canaria), que contaba con 148 menores migrantes, tras la orden de un juez en el marco de la ampliación de las investigaciones sobre los recursos de acogida que la ONG Quórum Social 77 gestiona para el Gobierno canario.
“La propuesta de Vox es bien sencilla. Los menores tienen que estar con sus padres en los países de origen. Y la inmigración ilegal, ¿cómo se soluciona? Repatriando automáticamente a todo inmigrante que ha llegado a nuestras costas. Y repatriar también a aquellos inmigrantes legales que hacen del delito su forma de vida”, ha expresado en un mensaje emitido a los medios Nicasio Galván.
El portavoz parlamentario ha ejemplificado la criminalidad que, a su juicio, deja este fenómeno migratorio en las islas: “Hemos visto, en Guía, amenazas con machete, en Gáldar, una trama para empadronar a inmigrantes ilegales, y en los Llanos de Aridane, riñas tumultuarias. Por último, también vimos en La Isleta un robo a una mujer al salir de la iglesia”, ha enumerado.
En este sentido, ha responsabilizado al “bipartidismo” español de la presencia “de este tipo de criminalidad”, con la “colaboración necesaria de Coalición Canaria”. Y frente a ello, ha dicho, el mensaje de Vox es “claro”: “Todo inmigrante ilegal que llega a nuestras costas debe ser repatriado”.
Por su parte, el diputado en el Congreso de Vox por Las Palmas, Alberto Rodríguez, ha recordado el “negocio multimillonario” que, “promovido por el PP, PSOE y CC”, supone la inmigración ilegal, donde el “coste de cada menor extranjero no acompañado es de 145 euros diarios”.
“Lo que no le damos a los canarios, a los españoles, se lo estamos regalando a aquellos que violentan nuestras fronteras”, ha agregado.
La clausura del centro de Agüimes y la investigación a la ONG Quórum Social 77 se enmarcan en un contexto de creciente tensión sobre la gestión de menores migrantes en Canarias.
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