Tradicionalmente la productividad laboral ha sido uno de los aspectos fuertes de nuestra economía. Este índice, que refleja el valor añadido bruto por hora trabajada y asalariado, y ha sido favorable para España frente a otros países europeos no integrados en la eurozona, aportándonos una importante ventaja competitiva.
El problema es que en los últimos años la productividad no ha dejado de bajar, y para 2019 se encuentra por debajo del nivel “100” del conjunto de la Unión Europea, aparte de alejarse cada vez más del índice, muy superior, que logra la Eurozona.
En España, el índice repuntó en los primeros años de la crisis (alcanzando un “máximo” relativo en 2009), pero solo fue como consecuencia del profundo incremento del desempleo, lo que disparó el valor añadido de los que conservaron empleo. Esa variación fue un espejismo que no sirvió para mejorar, sino que era, al contrario, un síntoma de lo mal que iban las cosas. En cuanto la economía comenzó a mejorar levemente en los años posteriores, la productividad volvió a desplomarse, poniendo en evidencia males más profundos de nuestra economía.
A la altura de 2019, las dos únicas zonas que, según el último informe de Eurostat, quedan por encima del índice global europeo (la Comunidad Autónoma Vasca y Madrid), puede que lo pierdan próximamente, mientras las más retrasadas (Extremadura, Murcia,…), caerán por debajo del 75% del promedio europeo. Si es así, toda España, sin excepciones, sería menos productiva que el conjunto de la U.E.
A medio plazo, el dinamismo de una región y su capacidad de crecer está muy ligada a disponer de una productividad laboral suficiente. Y en esto nuestra desventaja respecto a los vecinos del norte de los pirineos no ha dejado de ir a más, lastrada además por nuestra escasa inversión en I+D+I.
Esto es un reto más que el futuro gobierno debería afrontar si quiere conseguir que dentro de cuatro años el país haya mejorado y sus niveles de empleo y bienestar no caigan en picado en el caso de que una nueva crisis llame a nuestra puerta.
