El Consejo de Ministros aprobará hoy la llamada “ley Rhodes”, el proyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. El texto viene precedido de críticas por parte del sector de las asociaciones de defensa de este grupo social, que consideran que se deja en el tintero aspectos importantes a regular, y que no extiende lo suficiente la edad de protección. No obstante, tanto desde el gobierno como desde la oposición hay interés en que a lo largo de la discusión en el Congreso se puedan introducir mejoras.
La necesidad de la ley viene marcada por problemas que han saltado a la palestra, como el de la prescripción de los delitos de diverso tipo cometidos contra los menores, que ha hecho que en muchos casos, denunciados al llegar a la edad adulta, hayan quedado impunes al rebasarse los límites legales establecidos para su denuncia. La situación ha sido calificada como “escandalosa” por diversos grupos afectados, porque añade a años de miedo y silencio infantil, la imposibiildad de conseguir el castigo de los culpables, ni siquiera cuando la víctima consigue, por fin, liberarse del control al que la sometía quien la maltrataba.
Algunos de los aspectos más destacados del proyecto son los siguientes:
- Obligación de quienes los conozcan, de comunicar a la administración cualquier situación de violencia sobre infantes o adolescentes. Ya no será preciso que se trate de un delito.
- La pena de privación de la patria potestad se impondrá de oficio a los condenados por homicidio o por asesinato cuando autor y víctima tengan en común un hijo o hija y cuando la víctima sea hijo o hija del autor.
- Se establece la figura del “coordinador de bienestar y protección” en los centros educativos, que servirá además de instrumento de enlace con la policía y los jueces.
- El plazo de prescripción de estos delitos, que hoy en día comienza cuando la víctima cumple 18 años y puede extenderse 15 años más, comenzará a partir de la entrada en vigor de la ley cuando la víctima cumpla 30.
