El Consejo General del Poder Judicial no es un tribunal, ni decide en cuestiones judiciales de ningún tipo, pero tiene una gran importancia porque según la Constitución “es el órgano de gobierno de los jueces”, es decir, es quien decide en todas las cuestiones organizativas de la profesión, y, en la práctica, el eslabón que “une” a los jueces con los políticos. Sus informes son claves en muchas materias sensibles como, por ejemplo, en la designación del Fiscal General del Estado.
Según la Constitución lo integran 20 miembros elegidos cada cinco años, 12 entre jueces y magistrados, otros cuatro por el Congreso, y otros cuatro por el Senado, entre abogados y juristas de reconocida competencia.
Lo que no dice la Constitución es quién tiene que elegir a los 12 jueces y magistrados. Se entendía en los inicios de la transición que esa elección correspondía a los propios jueces, pero enseguida se modificó este criterio y se adjudicó su designación, también, al Parlamento, por entender que esta vía era más democrática. En la práctica, por tanto, diez miembros del Consejo son designados por cada una de las cámaras. Y, más allá de la designación formal, quien realmente nombra a los consejeros son las cúpulas de los partidos en negociaciones previas. Y eso también vale para la figura clave: su presidente.
En noviembre de 2013 se produjo la anterior designación, así que debería haberse nombrado nuevos consejeros en 2018, pero entonces salieron a la luz determinados manejos para controlar mediante las designaciones alguna de las salas del tribunal supremo, y las negociaciones se rompieron. El PP planteó volver al sistema de elección anterior, se paralizó todo y… hasta ahora.
Los consejeros anteriores ha seguido mientras tanto en el cargo, pero se han cansado de la interinidad y han empezado a presionar (en una especie de “huelga suave de brazos caídos”) para que se cumpla la ley de una vez y se renueve.
Finalmente el PP ha accedido y está negociando con el PSOE (entre los dos suman mayoría suficiente) la nueva composición. El mecanismo de la negociación es el mismo de siempre: yo propongo a este para que tú tragues con el otro; yo renuncio a aquel, pero tú no nombras a aquel otro… El sistema se basa en una clara adscripción política de los consejeros, y, en definitiva, en las cuotas que se asignan a cada partido, que intenta controlar la mayoría de la institución.
Se suelen colocar en el CGPJ, además, a destacados magistrados del Tribunal Supremo, con la intención de controlar indirectamente Salas enteras de este Tribunal, que sí que juzga determinados asuntos: la Sala Segunda (de lo Penal) o la Sala Tercea (lo contencioso), suelen estar en el punto de mira, porque suelen llegar a “entender” de asuntos que interesen a los partidos, sobre todo si están envueltos en temas de corrupción o disputas de otros tipos.
El asunto se complica más cuando entran en juego más socios. En la negociación actual, se dice que Podemos ha llegado a pedir cuatro magistrados, pero el PSOE solo estaría dispuesto a cederle dos, o incluso solo uno. Otros partidos, como el PNV, intentan influir (y a menudo lo consiguen) para conseguir representación, sobre todo si forman parte de los apoyos del gobierno de turno.
En estas condiciones, es fácil entender por qué cuesta tanto renovar la institución: porque, según algunos, más que una institución independiente se ha convertido en un mercado dependiente de la política.
La cuestión de devolver la designación de la mayoría de los miembros del consejo a la elección de los jueces y quitársela a los partidos siempre está sobre el tapete, pero hay quien señala que no sería la solución, porque la judicatura no es un reflejo de la sociedad, sino solo de la parte de la sociedad que puede permitirse estudiar una carrera y pasar luego largos años de estudio de una oposición para acceder a una profesión que, además, es muy endogámica, y está repleta de “hijos de”. ¿Por qué “esos” y no los representantes de la sociedad, van a elegir la dirección de uno del órgano de gobierno de uno de los poderes del estado?
El debate apenas llega a los ciudadanos, pero tiene una enorme importancia real porque afecta a la esencia misma de nuestra democracia.
Lo único cierto es que es probable que, incluso antes de que llegue septiembre, se anuncie algún tipo de “arreglo”, porque parece que en algunos despachos se está avanzando ahora mismo en la cuestión de qué peones se colocan en cada una de las partes del tablero del CGPJ. Y se está decidiendo con dos años de retraso, con una institución paralizada, y sin que nadie asuma responsabilidades por ello.
