Ayer la Real Academia manifestaba su preocupación porque la nueva ley educativa, conocida como “ley Celáa”, “promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna“. Lo hacía en un texto medido, ni muy suave ni muy duro, resultado de un acuerdo difícil de alcanzar entre los propios académicos.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha atendido este jueves “con todo el respeto” las objeciones presentadas por la Real Academia Española (RAE), así como su disposición para “asesorar” durante la tramitación la Ley Orgánica de Educación, conocida como ‘Ley Celaá’, y ha recordado que en la misma está “perfectamente cumplimentado” el castellano como lengua oficial del Estado.
En una entrevista en la Cadena Ser, la ministra ha explicado que el artículo 3 de la ley señala al castellano como lengua oficial del Estado y “la obligación de los poderes públicos de respetar el enriquecimiento que suponen las lenguas cooficiales y darle protección”. “Está perfectamente cumplimentado y se encuentra en las páginas de la ley“, ha incidido.
A este respecto, la ministra ha reconocido que en el proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros dejaron esa mención “para evitar el debate”, aunque ha afirmado que “no hay expresión más constitucionalista y garantista” que la que se incorporó en su trámite parlamentario.
A su juicio, no ha habido hasta ahora “ninguna ley” que haya precedido a la suya y que incorpore tan claramente con esta la expresión “las administraciones educativas garantizan el derecho de todos los alumnos a estudiar en castellano y en sus lenguas cooficiales”: “Se dice que tiene que cumplir unos objetivos, de tener dominio pleno (…) Y dice que los centros educativos tendrán que establecer medidas compensatorias. Esto es garantista“, ha sostenido.
Así, ha recordado que el término “vehicular” apareció en el año 2013 con la conocida como ‘ley Wert’. “No existía en ninguna ley, sin embargo, el castellano era vehicular”, ha aclarado Celaá, quien ha dicho que se eliminó el polémico término en las Cortes Generales tras ser “dialogado y acordado”. “Al acuerdo le damos más importancia”, ha dicho.
