Según informa hoy el diario El País, el rey emérito, Juan Carlos I, ha presentado una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal. Hacienda ha recibido el escrito presentado por su abogado, y deberá resolver “en los próximos días” si acepta o no la regularización propuesta.
La declaración afectaría exclusivamente al uso de tarjetas opacas para el disfrute de los fondos recibidos desde el conocido empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Recordemos que en este momento hay abiertas tres vías judiciales de investigación diferentes, y que la fecha clave para todas ellas es junio de 2014, momento en que el monarca abdicó en favor de su hijo, y en el que perdería la inviolabilidad que le amparaba en razón de su cargo. Por ello, mientras que los hechos anteriores a esa fecha resultan de muy difícil revisión judicial, la vía es mucho más sencilla para los posteriores.
La regularización presentada por Juan Carlos I, en esta línea, no se refiere a los fondos de que dispondría en el extranjero, ni a los movimientos relacionados con las donaciones recibidas de Arabia Saudí, sino exclusivamente a los gastos realizados en los años posteriores a su abdicación, y arbitrados a través de personas interpuestas que permitían no relacionar directamente al ya rey emérito con el origen de los fondos.
Señala El País que el ejercicio tributario de 2015 prescribiría en septiembre de 2020. Por tanto, si la declaración que ahora sale a la luz se presentó antes de dicha fecha, la regularización serviría tanto para los hechos declarados referidos a ese año como, por supuesto, a los posteriores, en caso de que se presenten declaraciones complementarias sin haber sido requerido para ello, y de que sean aceptadas por la administración tributaria. Los anteriores a 2015, aparte de referirse casi en su totalidad a momentos en que Juan Carlos I aún era rey, habrían en todo caso prescrito a efectos tributarios.
La declaración o declaraciones complementarias presentadas, por tanto, parecen un intento de regularización de los hechos posteriores al reinado, confiando en que los previos queden cubiertos, en la esfera penal, por la cláusula de inviolabilidad contenida en la Constitución.
