Europa Laica exige que la Iglesia católica se “autofinancie” y pide que desaparezca la casilla que permite a los contribuyentes destinar el 0,7% del IRPF, casilla por medio de la cual la Iglesia ha recaudado 301 millones de euros.
“Los impuestos no son una dación voluntaria sino una obligación de los contribuyentes y, por tanto, son del Estado para cubrir gastos de interés general, no particulares. ¿Por qué la CEE, no cumple con autofinanciarse? ¿Por qué los gobiernos de turno no exigen lo acordado y siguen subvencionando a la Iglesia católica? Y van ya más de cuarenta años”, denuncia la asociación.
Según recuerda Europa Laica, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979 entre el Estado y la Santa Sede indica que “la Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”.
Además, Europa Laica advierte de que “la interpretación que de las cifras realiza la CEE pasa por alto la terca realidad de que el porcentaje de contribuyentes que marcan la casilla sigue descendiendo anualmente”. En concreto, según precisa, marcaron la X de la Iglesia “un 32,15% del total de contribuyentes, lo que supone una disminución con respecto al 32,32% del año anterior”.
Para la asociación, el incremento en 106.259 declaraciones a favor de la Iglesia es “insignificante”. Además, precisa que “el incremento total de declaraciones superó las 440.000, lo que significa que la Iglesia católica se ha hecho tan sólo con el 23% de dicho incremento”.
También pone de manifiesto que “en general, marcar la casilla a la Iglesia católica está muy vinculado a los estratos sociales de mayor poder adquisitivo que tienen un menor desapego eclesial”.
Europa Laica denuncia asimismo que el dinero que recibe la Iglesia por esta vía del IRPF, “no se dedica a actividades sociales o caritativas, ni a actividades que redundan en beneficio de toda la sociedad” sino “para pagar los sueldos y seguridad social de sacerdotes obispos, arzobispos y cardenales”.
La asociación también critica “la pasividad del poder político de turno, incapaz de fiscalizar, al menos, las cuantiosas subvenciones públicas y exenciones fiscales que disfruta la Iglesia” y reclama la “denuncia y derogación” de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979.
