La oleada de protestas en los últimos días en Colombia continúa, sin que parezca haber freno posible.
El país vivió durante largos años el conflicto entre el gobierno y la guerrilla de las FARC (fuerzas Armadas Revolucionarias), hasta que, después de numerosos intentos, se llegó al acuerdo de paz de 2016 que si bien cerró algunas heridas, reabrió otras, dejando una estela de reclamaciones y cuentas pendientes tras miles y miles de muertos.
Ahora, en 2021, se abre una triple crisis, la económica, la institucional y la social. Nadie sabe cómo acabarán las actuales revueltas, pero todos son conscientes de que sus causas son profundas.
El presidente Duque afronta ahora sus últimos meses de mandato con un ambiente en ocasiones prebélico que deberá gestionar si quiere acabar con normalidad. Los incidentes se suceden, y ya son mucho más que eso. En la última noche la ciudad de Cali ha sido epicentro de numerosas protestas contra el gobierno. Todo comenzó el 28 de abril, cuando las manifestaciones pacíficas contra Duque fueron subiendo de tono, se reprimieron con dureza por las autoridades y el descontento acabó siendo un clamor.
Los fallecimientos se cuentan por decenas casi a diario, algunas fuentes dicen que son más, y las detenciones multiplican muy ampliamente esas cifras.
Las causas de este estallido son múltiples: algunas guerrillas se han rearmado, el narcotráfico, fuente de gran parte de los males del país, y la ocupación por la fuerza de recursos y tierras siguen alentando un clima de crispación. Por el camino, otros problemas como el medioambiental o la lucha de los indígenas porque se les reconozcan sus derechos, sistemáticamente ignorados, introducen más elementos de inestabilidad.
El detonante final ha sido la crisis económica que afronta el país. Una población empobrecida por culpa de las finanzas del estado, cuyo presupuesto ha soportado enormes cargas para asumir las indemnizaciones por el proceso de paz, ha dejado a millones de personas en una situación límite, y la ira de amplios sectores sociales se destapó justo cuando el presidente anunció una reforma tributaria que amenazaba con un empobrecimiento aún mayor.
El posterior anuncio gubernamental de la retirada de la reforma no ha calmado los ánimos, y el telón de fondo son las elecciones presidenciales de mayo de 2022, que favorecen un clima de confrontación máxima e impiden llegar a acuerdos de mínimos entre las distintas fuerzas políticas que evite la continuación de la violencia.
Mientras tanto, las noches siguen siendo territorio peligroso y todos los días se añaden más y más personas a la cuantiosa lista de fallecidos en los brutales choques entre policía y manifestantes. Las denuncias ciudadanas y de ONGs independientes apuntan a un alto índice de represión policial, con abusos de todo tipo, incluyendo agresiones sexuales a mujeres manifestantes, mientras que el Gobierno atribuye la violencia a grupos criminales infiltrados en las movilizaciones ciudadanas.
