La Fiscalía Provincial de Madrid ha insistido en que no aprecia delito en los complementos salariales que aprobó la ex gerente de Podemos Rocío Esther Val para ella y otros cargos de la formación ‘morada’ porque se cobraron de forma “transparente” y “con control interno”, oponiéndose así al auto en el que el juez ordenó la reapertura de esta línea de investigación del caso ‘Neurona’.
El Ministerio Público se ha adherido así al recurso presentado por Podemos contra el auto en el que el juez Juan José Escalonilla acordó reactivar las pesquisas sobre los presuntos sobresueldos, al considerar “indiciariamente” que la gerente de Podemos no tenía competencia para crear por sí sola complementos salariales, sino que debía recibir el visto bueno de un órgano superior, por lo que podría haber incurrido en un presunto delito de administración desleal.
La Fiscalía madrileña, en cambio, entiende que los pluses salariales se cobraron de manera “transparente” y “con control interno”, por lo que, si bien “podrá ser discutible desde el punto de vista ético o desde la transparencia que se exige a los partidos políticos”, no es delito.
En este sentido, subraya que no se está hablando de cantidades cobradas en “b” o en sobres, “sino de complementos recogidos en las nóminas y conocidos por todos los órganos de control del partido”.
AUDITORÍA A PODEMOS
Así las cosas, el Ministerio Fiscal entiende que estas nuevas diligencias de investigación son un “nuevo” intento de realizar una auditoría a la actuación de una formación política “respecto de hechos ya aclarados no típicos y respecto de los que, por otro lado, no existen indicios de delito”.
Además, a su juicio, “no deja de extrañar” que sea la acusación popular la que sostenga la existencia de un presunto delito de administración desleal cuando el propio perjudicado, en este caso Podemos, no se considera como tal.
LA FISCALÍA CARGA CONTRA LA ACUSACIÓN PARTICULAR
“Y lo hace –añade en su recurso– sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna”, llegando a pedir que se considere a uno de ellos, que certifica la regularidad de los complementos salariales, como investigado por encubrimiento o estafa procesal.
Asimismo, la Fiscalía Provincial ha cargado contra la acusación particular por pretender que se revelen datos sobre los trabajadores de Podemos que han cobrado esos pluses en sus nóminas, así como por requerir al partido el informe de ejecución de presupuestos y la documentación enviada al Consejo Ciudadano.
