La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha recordado que desde el próximo 1 de octubre, cerca de 700 funcionarios y laborales de las cárceles vascas pasarán a depender de la Administración vasca, y ha anunciado que está preparando un plan de acogida para acordar un itinerario y realizar de manera conjunta, junto a las centrales sindicales más representativas, la negociación de las condiciones laborales. “Pondremos todo de nuestra parte para propiciar un trasvase ordenado, correcto y satisfactorio para todas las partes”, ha subrayado.
La comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco ha acogido este miércoles la comparecencia, a petición propia, de la consejera para presentar el ‘Modelo Penitenciario Vasco’, que prevé aplicar el Ejecutivo autonómico una vez que asuma la competencia sobre la gestión de las prisiones ubicadas en la comunidad autónoma.
El traspaso de esta competencia, que aparece recogida en el Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979, fue acordado el pasado mes de mayo por los gobiernos central y vasco.
La consejera ha recordado que desde el 1 de octubre, Euskadi asumirá la organización, el régimen y el funcionamiento de las instituciones y establecimientos penitenciarios, así como de reinserción social y la ejecución de la legislación penitenciaria. Cerca de 700 funcionarios y funcionarias, así como personal contratado, pasará a depender de la Administración vasca.
“Su formación y su profesionalidad son nuestra fortaleza. Como también lo es su experiencia en el trabajo diario con los presos y presas”, ha señalado antes de mostrar su respeto a las víctimas del terrorismo de este colectivo, “al que debemos reconocer el sufrimiento vivido por la barbarie terrorista”.
En este sentido, ha recordado que en los último días ha visitado, junto al equipo de Justicia, las tres cárceles vascas — Martutene, Zaballa y Basauri– donde ha encontrado a dos directores y a una directora “receptivos y proactivos” con el modelo planteado.
Asimismo, ha pedido “tranquilidad” a los casi 700 funcionarios de prisiones y personal laboral y ha informado de que la dirección de Administración de Justicia está preparando un plan de acogida “que llegue una a una a todas las personas vinculadas a la transferencia de instituciones penitenciarias” para generar “conocimiento y confianza mutua e intentar resolver las dudas e incertidumbres”.
“Hablaremos del contenido del acuerdo de transferencia y de los efectos que pueda tener sobre ellos y acordaremos un itinerario para realizar de manera conjunta la negociación de las condiciones laborales y de las cuestiones que les afectarán por el cambio de administración”, ha indicado.
Artolazabal ha informado de que se han convocado ya reuniones bilaterales con las organizaciones sindicales más representativas — ELA, LAB, CCOO y UGT– y se invitará también a CSIF. “Pondremos todo de nuestra parte para propiciar un trasvase ordenado, correcto y satisfactorio para todas las partes”, ha reiterado.
Por otro lado, la consejera ha subrayado que “trabajar con las personas presas no debe entenderse como un agravio a las víctimas” y ha insistido en que el modelo penitenciario vasco “pondrá un especial foco en las personas que han sufrido cualquier tipo de violencia, por un acto terrorista o por cualquier otro delito”.
