Gobierno y agentes sociales han logrado un principio de acuerdo para reformar el sistema de pensiones, en virtud del cual se actualizarán las pensiones contributivas en función del IPC y se intentará acercar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación,
Se trata de la primera pata de la reforma de pensiones comprometida con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y con ella se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.
El acuerdo, desarrollado en un texto normativo con forma de anteproyecto de ley, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de la pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.
Tal y como ha avanzado en varias ocasiones el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el anteproyecto se establecen una serie de medidas para desincentivar el retiro anticipado del mercado laboral cuando éste es voluntario y para fomentar la prolongación de la vida laboral.
