La situación de Túnez, país hasta hace poco considerado como uno de los más prometedores económica y políticamente del área del Magreb, ha dado un giro inesperado. El presidente Kais Said cesó en la noche del domingo al primer ministro Hichem Mechichi, y decretó la suspensión del Parlamento.
La decisión vino motivada por la sucesión de manifestaciones contra la gestión de la pandemia y la precaria economía del país.
Túnez fue, hace una década, país precursor de la llamada “primavera árabe”, que supuso un impulso democratizador frente a los gobiernos tradicionalmente autoritarios de la zona. Más de diez años después, los logros de aquellos tiempos están en entredicho.
Ayer, como consecuencia de la decisión presidencial, se han producido algunos incidentes aislados, entre partidarios del gobierno cesado (jefe del gobierno y ministros de Defensa, Justicia e Interior) y del presidente, que de facto ha asumido un control total de los aparatos del estado, y una de cuyas primeras medidas de excepción ha sido intervenir Al Jazeera, medio de comunicación que considera instigador de los desórdenes.
La jornada del martes será clave para saber cómo evolucionan los acontecimientos, y la comunidad internacional, de momento, se mantiene en un compás de espera.
El Gobierno de España ha hecho este martes “un llamamiento a la calma y a la estabilidad” en Túnez ante la crisis levantada en el país por la destitución del primer ministro, Hichem Mechichi, y el congelamiento de las funciones del Parlamento por orden del presidente, Kais Saied.
A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha apelado al “funcionamiento regular de las instituciones, con el necesario respeto del Estado de Derecho y de las libertades y derechos políticos” en el país africano.
