El Tribunal de Cuentas ha confirmado este lunes que reclama un total 15.673.702,21 euros tras haber dictado un acta de liquidación provisional por esta cantidad que afecta a altos cargos del PSOE y personas vinculadas a UGT en relación con presuntas irregularidades contables aún pendientes de enjuiciar en las ayudas socio laborales y a empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
El origen de esta reclamación, según una nota del propio órgano de fiscalización contable, se encuentra en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas socio laborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía. Ejercicios 2001-2010.
A partir de sus resultados y ante la posibilidad de que hubiera responsabilidades contables, el Ministerio Fiscal y la Junta de Andalucía presentaron demandas y se abrieron tres procedimientos diferentes.
Respecto de uno de ellos, el pasado 15 de julio se dictó acta de liquidación provisional en la que se reclaman solidariamente a los investigados un total de 15,6 millones, si bien de ellos 7,69 la investigación los imputa indiciaria mente al que fuera director de Trabajo de la Junta ya fallecido Francisco Javier Guerrero, por lo que de esta cantidad, de confirmarse una condena por responsabilidad contable, responderán sus herederos.
En el expediente también aparecen su sustituto en el puesto Juan Márquez Conteras -se le requieren 5,18 millones según la información facilitada, mientras que al también ex director de trabajo Daniel Alberto Rivera Gómez se le hace presuntamente responsable de desvíos contables por valor de 2,78 euros.
SINDICATOS AFECTADOS
En el acta se cita igualmente como presuntos responsables del desvío de este dinero público aún pendiente de enjuiciar la Federación Estatal Minerometalúrgica de CC.OO.; y la Federación Estatal del Metal, Construcciones y Afines de la U.G.T., además de varias empresas vinculadas a estas ayudas.
Los procedimientos abiertos, según la información facilitada por el tribunal de fiscalización contable son tres: en relación “Ayudas destinadas a empresas para la financiación de Planes de Viabilidad”; “Ayudas socio-laborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía, 2001-2010”; y por “Gastos de gestión/administración abonados a intermediarios en la contratación de pólizas de seguros colectivos de prima única”.
Sobre estos procedimientos, algunos desglosados en varias piezas, se han venido dictando sentencias desde 2017, algunas de ellas condenatorias y ya firmes, que se están ejecutando.
