El ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo miércoles pero en esta ocasión para someterse al primer juicio de la macrocausa ‘Tándem’, que gira en torno a sus negocios privados. La Audiencia Nacional juzgará a la vez las piezas separadas conocidas como ‘Pintor’, ‘Iron’ y ‘Land’, por las que la Fiscalía pide que sea condenado a más de cien años de cárcel.
El juicio arrancará el 13 de octubre y está previsto que se desarrolle en más de una veintena de sesiones que se prolongarán hasta principios de 2022, de acuerdo con el calendario inicial, aunque podría variar.
Villarejo comparece como principal imputado, si bien este juicio congregará a más de 30 acusados entre los que destacan su socio, Rafael Redondo, y su mujer, Gema Alcalá, así como el comisario Enrique García Castaño, que se enfrentan a penas de 115, 86 y 81 años de cárcel, respectivamente. No obstante, algunos acusados han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Villarejo no se limitará a asumir el rol de acusado, sino que intentará hacer valer su estatus de abogado codefensor, admitido durante la fase de instrucción, lo que le permitirá interrogar a otros imputados y a testigos junto al otro letrado de su defensa, Antonio José García Cabrera.
Este primer juicio de ‘Tándem’ llega casi cuatro años después de que el comisario Villarejo fuera detenido por una causa que ha ido engordando hasta configurar un puzzle de más de una treintena de piezas separadas referidas a los numerosos y diversos encargos que recibió a través de CENYT, su grupo empresarial, radicado en la Torre Picasso de Madrid.
De acuerdo con las pesquisas dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción Número 6, el denominador común de las piezas separadas, más allá de quién le contratara –desde grandes empresas del IBEX 35 a particulares– y para qué, es que Villarejo habría asumido estos trabajos siendo comisario en activo y se habría valido de los recursos policiales a su alcance para cumplir con sus clientes.
La Fiscalía Anticorrupción reclama para Villarejo una pena de prisión de 109 años de cárcel, multas que superarían los 950.000 euros –a las que habría que sumar las indemnizaciones de las que respondería solidariamente junto a las otras personas que resultaran condenadas–, así como inhabilitaciones para ejercer cargo y empleo público y para el sufragio pasivo.
