España necesitará el respaldo de los países de la Unión Europea para que el catalán pueda ser utilizado en el Parlamento Europeo, pese al compromiso anunciado este miércoles por el Gobierno de solicitar formalmente a la Eurocámara el uso de este idioma en sus sesiones plenarias.
En su propuesta, el Gobierno de España ha informado de que “solicitará a la presidencia del Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno” para lo cual presentará “la solicitud ante la mesa del Parlamento Europeo, junto con una propuesta para que sea técnica y financieramente viable”.
En un paso más, el Ejecutivo se ha comprometido a conseguir “una mayoría suficiente” que “avale esta petición antes de que acabe el año en curso”.
Sin embargo, para que un idioma pueda ser utilizado durante el pleno de la Eurocámara debe ser considerado una lengua oficial en la UE, un estatus que actualmente se ha concedido a 24 idiomas europeos entre los que no se encuentra el catalán, han explicado fuentes del Parlamento Europeo a Europa Press.
Así, para que un idioma sea declarado lengua oficial en la UE, es necesario que el Gobierno de un Estado miembro lo plantee de forma oficial ante el Consejo de la UE, un proceso en el que debe obtener un respaldo unánime del resto de socios para recibir la aprobación, han aclarado fuentes comunitarias.
Por lo tanto, España tendría que presentar ante el Consejo de la UE la solicitud para que el catalán sea considerado una lengua oficial de la UE y, sólo tras recibir el respaldo unánime de los Veintisiete, podría ser utilizado en la Eurocámara, sin que ésta institución tenga que efectuar ninguna votación o dar el visto bueno en el proceso.
Un precedente similar es el del gaélico que desde 2007 empezó a ser considerado lengua oficial y de trabajo en la Unión Europea, aunque la adhesión de Irlanda se remonta a 1973.
Cabe considerar que la Eurocámara, en una resolución votada en el pleno en diciembre de 1990, pidió que el catalán se considere un idioma de comunicación entre los ciudadanos y las instituciones europeas. Aunque esto no implica que sea un idioma oficial, sí permite que los europeos puedan dirigirse en catalán a la Comisión Europea, al Consejo Europeo, al Defensor del Pueblo Europeo o al Comité de las Regiones y deben poder obtener una respuesta en este idioma.
Además, se traducen al catalán algunas publicaciones y documentos de la Unión Europea y la Comisión Europea utiliza el catalán como lengua habitual con los ciudadanos a través de la representación de Barcelona.
El Gobierno de España pidió que se reconocieran como lenguas oficiales de la UE el gallego, el catalán y el vasco en diciembre de 2004, sin embargo, nunca llegó a solicitar el cambio necesario en los Tratados por lo que nunca han adquirido la consideración de oficiales, según han explicado fuentes comunitarias.
El anuncio del Gobierno de Sánchez se enmarca dentro del acuerdo para la protección del catalán alcanzado por el Ejecutivo y el Govern que apoya, por escrito, la ley aprobada en el parlamento catalán que suprime el 25% del uso del castellano en las aulas y se compromete, además, a garantizar que las instituciones del Estado en Cataluña respondan tanto oral como escrito en catalán a quien lo solicite.
Por otra parte, el Ejecutivo y el Govern han acordado impulsar el uso del catalán en el Senado y el Parlamento Europeo y facilitar la incorporación de miembros de la Generalitat en las delegaciones a foros internacionales que traten políticas lingüísticas.
