Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han hecho un llamamiento al Gobierno de España para que intervenga en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aplicando el artículo 155 de la Constitución Española. Esta petición busca que el Gobierno central asuma directamente las competencias en materia de mediación laboral, ante lo que describen como una asfixia económica del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) por parte de la administración regional.
Durante una conferencia de prensa, Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical de CCOO en Castilla y León, ha expuesto la grave situación por la que atraviesa el Serla, afirmando que la entidad no puede cumplir con su misión debido a los recortes presupuestarios impuestos por la Junta de Castilla y León. Según Fraile, estos recortes son ilegales y han llevado a la entidad a una posición insostenible, afectando directamente a su capacidad para resolver conflictos laborales. La financiación del Serla ha visto una drástica reducción, pasando de un millón de euros a solo 400.000 euros, lo que ha resultado en retrasos en el pago de nóminas y en la cancelación de pagos a proveedores, incluyendo facturas y alquileres.
La solicitud formal fue presentada la semana pasada al nuevo delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, marcando un momento crítico en la relación entre los sindicatos y el gobierno regional. La aplicación del artículo 155, una medida extraordinaria contemplada en la Constitución para casos de incumplimiento por parte de las comunidades autónomas de sus obligaciones legales o que actúen contra el interés general de España, subraya la gravedad de la situación y el impasse al que se ha llegado en el ámbito de las relaciones laborales en la comunidad.
