En una rueda de prensa extraordinaria, Santiago Abascal, líder de Vox, ha anunciado la ruptura de todos los pactos autonómicos con el Partido Popular (PP), tras conocerse que el PP ha aceptado un nuevo reparto de menores extranjeros no acompañados (menas). Abascal ha calificado este acuerdo como una traición a los principios que sustentaban las coaliciones regionales entre ambos partidos.
“El PP ha vuelto a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales”, declaró Abascal con contundencia. “Esta decisión demuestra una vez más que el PP está dispuesto a arrodillarse ante Sánchez y sus políticas migratorias, sin tener en cuenta la seguridad y el bienestar de los españoles”.
Como consecuencia de esta ruptura, Vox ha decidido que todos sus vicepresidentes en los gobiernos autonómicos dimitirán de sus cargos a partir de mañana. Esta medida afectará a las comunidades autónomas de Castilla y León, Aragón, Baleares, Extremadura, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, donde Vox retirará su apoyo al PP y pasará a la oposición.
La decisión de Vox supone un terremoto político en estas regiones, donde ambas formaciones habían logrado importantes acuerdos de gobierno. La retirada de Vox podría llevar a una situación de inestabilidad en estos ejecutivos autonómicos, ya que el PP perderá el respaldo de sus socios de coalición y tendrá que gobernar en minoría o buscar nuevos apoyos.
En Castilla y León, donde la coalición entre PP y Vox había sido particularmente estable, la dimisión de los cargos de Vox deja al gobierno autonómico en una situación delicada. En Aragón y Baleares, los acuerdos también han sido cruciales para la gobernabilidad, y la salida de Vox podría abrir la puerta a posibles mociones de censura o cambios significativos en las políticas regionales.
La reacción del PP aún está por conocerse en detalle, pero se anticipa una respuesta que buscará minimizar el impacto de esta ruptura y asegurar la estabilidad en las comunidades afectadas. Mientras tanto, desde el gobierno central, Pedro Sánchez ha defendido el acuerdo sobre el reparto de menores inmigrantes, argumentando que es una medida necesaria y justa para distribuir equitativamente las responsabilidades entre las comunidades autónomas.
