El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, con el que “se simplifican procedimientos, se eliminan duplicidades y se dan mayores garantías y rigor jurídico”, y que prevé regularizar a 300.000 personas al año durante los próximos tres años.
Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Asimismo, ha expuesto que se introducen las mejoras de la normativa europea, impulsadas bajo la presidencia española del semestre. “El reglamento va a servir para combatir mafias, fraudes y la vulneración de derechos”, ha recalcado.
En cuanto a las necesidades del mercado laboral, Saiz ha indicado que se crea un apartado específico dentro de la norma que incluye visados de corta y larga duración, “para hacerlo más fácilmente comprensible”. También ha añadido que “se simplifican los procedimientos” y “se delimitan las competencias entre consulados y oficinas de extranjería”.
El nuevo reglamento reduce la burocracia. “A partir de ahora todas las autorizaciones iniciales serán de un año y las renovaciones serán de cuatro años“, ha subrayado.
Otra de las novedades es la regulación del visado de búsqueda de empleo, cuya vigencia se amplía de tres a doce meses. Esto permitirá que empresas extranjeras consigan profesionales adecuados y que las personas encuentren un empleo acorde a su perfil.
Respecto a los arraigos, el nuevo reglamento cuenta con cinco modalidades: social, socioformativo, sociolaboral, familiar y de segunda oportunidad. La novedad es que se homogeneizan y se reduce el tiempo de permanencia en España de tres a dos años. Además, se flexibilizan los requisitos y se habilita a trabajar por cuenta ajena y propia desde el primer momento.
Saiz ha destacado que en 2023 había 210.334 personas con autorización por arraigo, 84.983 más que en 2022. “Con esta reforma podrán regularizarse 300.000 personas al año durante los próximos tres años”, ha asegurado.
En materia de formación, el reglamento permite que los estudiantes disfruten de una autorización de estancia por estudios durante todo el tiempo que dure su formación. También podrán trabajar hasta 30 horas semanales mientras cursan sus estudios y enlazar directamente con una autorización de trabajo.
Se refuerzan los requisitos de los centros de estudios para garantizar formación de calidad y evitar fraudes.
En empleo, se ha creado una autorización específica de residencia y trabajo que facilita la contratación tanto a nivel individual como colectivo. Además, se garantiza que los trabajadores tengan información concreta y escrita en un idioma comprensible sobre sus condiciones laborales, habitabilidad y seguridad.
El reglamento también facilita la regularización de migrantes explotados laboralmente y mejora la reagrupación familiar para personas extranjeras residentes y ciudadanos con nacionalidad. Se incluyen nuevas realidades, como parejas no registradas o hijos hasta los 26 años.
“El Reglamento representa una simbiosis ganadora entre la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes y el rigor jurídico”, ha concluido Saiz.
Finalmente, Saiz ha valorado la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a medio millón de migrantes, asegurando que apoya el diálogo en el Congreso y Senado para afrontar este tema.
