El fiscal especial Jack Smith ha solicitado formalmente la desestimación de los cargos federales contra el presidente electo Donald Trump relacionados con la interferencia en las elecciones de 2020. Esta decisión se fundamenta en la política del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que establece que un presidente en funciones no puede ser procesado penalmente.
Trump, quien asumirá la presidencia el 20 de enero de 2025, había sido acusado de cuatro delitos graves: conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración contra derechos y conspiración para defraudar a Estados Unidos. Estos cargos estaban vinculados a sus esfuerzos por revertir los resultados de las elecciones de 2020, culminando en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
La moción presentada por Smith enfatiza que, aunque la decisión de desestimar los cargos no refleja una evaluación sobre el fondo del caso, se alinea con las directrices constitucionales y las políticas del Departamento de Justicia. Esta postura se ve reforzada por un fallo de la Corte Suprema en julio, que determinó que un presidente en funciones goza de inmunidad frente a procesos penales por actos oficiales.
Se espera que la jueza federal Tanya Chutkan, encargada del caso, apruebe la solicitud de desestimación. Paralelamente, se anticipa que Jack Smith y su equipo presenten su renuncia antes de que Trump asuma el cargo, en consonancia con la tradición de que los fiscales especiales concluyan sus investigaciones antes de la toma de posesión de un nuevo presidente.
Esta decisión marca un punto de inflexión en los esfuerzos legales por responsabilizar a Trump por sus acciones posteriores a las elecciones de 2020. Sin embargo, no excluye la posibilidad de que, una vez finalizado su mandato, se reanuden las investigaciones o se presenten nuevos cargos en su contra.
