El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad parlamentaria del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos al apreciar “indicios bastantes” de la comisión de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
El magistrado entiende que “ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados” de la posible participación de Ábalos en los hechos hace imprescindible recabar la autorización de la Cámara prevista en la Constitución, que se cursará mediante exposición razonada remitida al presidente de la Sala Penal del Supremo para que le confiera el trámite correspondiente.
En un auto recogido por Europa Press, Puente explica que da este paso tras tomar declaración tanto a Ábalos como al que fuera su asesor ministerial y al presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, así como en base a la documentación aportada por todos ellos y al resultado de las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios ordenados por la Audiencia Nacional.
A su juicio, “existen elementos bastantes” para considerar que Ábalos, “prevaliéndose de su condición de ministro”, “y a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo para sí”, determinó la adjudicación de varios contratos públicos, especialmente en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID-19, relativos a la adquisición de material sanitario.
Puente también señala que De Aldama, “aprovechando la relación personal que le unía” con Ábalos y Koldo, habría obtenido información privilegiada sobre las necesidades de urgencia, lo que le permitió garantizar adjudicaciones en favor de la empresa Soluciones de Gestión.
LOS TRES PISOS
El auto detalla que Ábalos podría haberse beneficiado económicamente con el pago de los alquileres de la vivienda donde residía su pareja sentimental, así como con un alquiler con opción a compra de un chalet en la costa y otro contrato similar en un piso de 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana, con un precio de venta fijado en 750.000 euros, “aparentemente muy inferior al de mercado”.
El instructor remite exposición razonada al presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, para que se curse el suplicatorio al Congreso por conducto de la presidenta del Tribunal Supremo.
