El Pleno del Congreso votará este miércoles el suplicatorio del exministro José Luis Ábalos, el último trámite para permitir que el Tribunal Supremo pueda empezar a investigarle por el llamado ‘caso Koldo’ antes de que acabe el mes.
La Comisión del Estatuto del Diputado, a puerta cerrada, ya apoyó la semana pasada por unanimidad conceder el suplicatorio que había pedido el Supremo para investigar al ahora diputado del Grupo Mixto, pero esa decisión debe ser votada en el Pleno del Congreso.
Aunque el reglamento dice que el dictamen debe votarse en el siguiente Pleno “ordinario”, que no tendrá lugar hasta que arranque en febrero el nuevo periodo de sesiones, fuentes parlamentarias aseguran que los servicios jurídicos de la Cámara han interpretado que esa redacción busca no demorar la votación y, por tanto, no había inconveniente en incluir la votación en este Pleno extraordinario, sin esperar a febrero.
VOTACIÓN A PUERTA CERRADA
El debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco va a ser público, sino que se desarrollará con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia, y sólo se dará a conocer el resultado. Atendiendo a los precedentes de otros casos similares, es previsible que Ábalos pida intervenir para explicarse ante los demás diputados.
En la votación, los diputados tampoco están obligados a seguir consignas, ya que su voto es secreto, pero en todo caso, y a la vista de que todos los grupos apoyaron la concesión del suplicatorio en la comisión, se da por seguro que se aprobará por una amplia mayoría.
El presidente de la comisión, Manuel Cobo, del PP, subrayó el pasado martes que se había hecho “un buen trabajo” cumpliendo “todos los trámites” y dando audiencia al diputado afectado, que no sólo dio explicaciones verbalmente este lunes, sino que también aportó unas alegaciones de 88 folios.
Ante la comisión, el exministro y ahora diputado del Grupo Mixto mantuvo que había sido objeto de una “operación” para tratar de implicarle en el caso de su exasesor Koldo García y que la Policía judicial le ha investigado irregularmente, sin permiso del Congreso. El informe de la comisión hará constar que el afectado alega que ha habido irregularidades en el proceso.
OCHO DÍAS PARA INFORMAR AL SUPREMO
Una vez que el Pleno celebre la votación, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dará traslado del acuerdo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.
Y ya con el suplicatorio en la sede del Supremo, lo que se calcula para finales de semana, el instructor del ‘caso Koldo’ en el alto tribunal, Leopoldo Puente, podrá investigar formalmente a Ábalos por esos “indicios bastantes” que ha apreciado de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
HISTORIA DE LOS SUPLICATORIOS
Hasta ahora el Congreso ha aprobado 33 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
El último suplicatorio que salió adelante data de septiembre de 2022, cuando la Cámara dio vía libre al Supremo para investigar al fuera diputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación, por contratos que realizó como alcalde de Trujillo (Cáceres).
En aquella legislatura se concedieron también suplicatorios a la expresidenta de Junts Laura Borràs, que acabó condenada por haber fraccionado contratos en favor de un amigo en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y a Alberto Rodríguez, que era diputado de Podemos. El Supremo le condenó por haber propinado una patada a un policía en una manifestación antes de ser diputado. Le impuso una multa y le inhabilitó para concurrir a las elecciones, lo que le costó el escaño, aunque después el Tribunal Constitucional anuló la condena, pero ya no pudo recuperar su acta.
