La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por no transponer en plazo la directiva sobre intercambio de información entre autoridades policiales, unas nuevas reglas comunes que los países de la Unión Europea deberían haber trasladado a su legislación nacional a más tardar en diciembre del pasado año.
La apertura de un expediente sancionador marca el inicio de un periodo de dos meses para que el Estado miembro interpelado responda y ofrezca soluciones a las irregularidades señaladas por Bruselas.
Si esta primera fase no da resultados, el Ejecutivo comunitario puede dar un nuevo plazo al diálogo mediante el envío de un dictamen motivado detallando la situación y, en última instancia, si el problema persiste, iniciar la tercera y última fase del expediente que implica denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
España, entre los 18 países afectados
Además de España, otros 17 países del bloque, entre ellos Bélgica, Francia, Alemania y Portugal, han recibido sendas cartas de emplazamiento para informar de la apertura del expediente y reclamar la transposición de las reglas de la Unión.
La Directiva en cuestión tiene como objetivo reforzar la prevención, detección e investigación de delitos en la UE, garantizando que los agentes de policía de un Estado miembro tengan un acceso equivalente a la información disponible para los de otros países socios.
Establece así las normas organizativas y de procedimiento sobre el intercambio de información entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de los Estados miembro, incluido el establecimiento de un punto de contacto único, que actuará como “ventanilla única” para el intercambio de información con el resto de países de la Unión.
Objetivo: lucha contra el crimen transfronterizo
La Comisión Europea sostiene en un comunicado que la plena aplicación de la legislación reforzará la lucha contra las actividades delictivas con una dimensión transfronteriza, como el crimen organizado, el tráfico de drogas, el terrorismo, la explotación sexual y la trata de seres humanos en toda la Unión Europea.
