El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dicten su opinión.
Por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, el Parlamento Europeo dio luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, recién firmado este fin de semana tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, respeta los tratados de la Unión Europea.
Sobre la mesa está la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE, y también la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.
Posible espera de dos años para la decisión
Según el TJUE, este tipo de opiniones tardan de media entre 18 y 24 meses en ser pronunciadas, si bien la corte «tiene el control total» sobre los procedimientos y «puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica».
Diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado en la víspera de que se trataría de un voto muy ajustado y habían advertido en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE, especialmente ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por el envío de tropas a Groenlandia por parte de ocho países europeos.
Bruselas lamenta la decisión: «No está justificada»
La Comisión Europea no tardó en reaccionar con pesar a la decisión del Parlamento Europeo, al considerar que las cuestiones que plantean los eurodiputados ya han recibido respuesta.
«Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento«, dijo el portavoz del Ejecutivo comunitario Olof Gill, preguntado por la decisión.
Añadió que, además, no se trata de nuevas cuestiones, puesto que estas ya han sido abordadas en tratados comerciales en el pasado, en particular en el acuerdo con Chile.
