El Tribunal Supremo celebrará este jueves una audiencia previa para examinar la demanda que presentó Alberto González Amador –pareja de Isabel Díaz Ayuso– contra la vicepresidenta primera María Jesús Montero, a quien reclama 40.000 euros por sus declaraciones sobre las investigaciones penales abiertas contra él.
Fuentes jurídicas indican que no es necesaria la presencia de los implicados, ya que basta con sus abogados. En el caso de Montero, la representación corre a cargo de la Abogacía del Estado. La Sala de lo Civil podría dejar el asunto visto para sentencia sin juicio.
El paso llega tras un acto de conciliación celebrado el 2 de octubre que quedó sin efecto por la ausencia de Montero y los abogados del Estado. González Amador presentó la demanda por intromisión ilegítima en su derecho al honor tras las palabras de Montero en el Senado el 12 de marzo.
“UN PISO QUE SE PAGÓ CON UN FRAUDE”
Montero afirmó en sede parlamentaria que Díaz Ayuso vivía “en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública” y con “comisiones respecto a las mascarillas”. También insinuó una reiteración de escándalos en el entorno de la presidenta madrileña.
Estas palabras respondían a la denuncia de la Fiscalía contra González Amador por fraude fiscal superior a 350.000 euros, revelada ese mismo día por elDiario.es. La causa se instruye en el Juzgado de Instrucción Nº 19 de Madrid.
El Ministerio Público se ha opuesto a que el Supremo estime la demanda, ya que Montero es diputada y goza de la condición de aforada ante el alto tribunal.
